El presente documento reúne las Grandes Líneas Programáticas, que nuestra fuerza política llevará adelante. Otra etapa será la de elaborar el programa de gobierno y su plataforma electoral que se inspiren en estos lineamientos.
En dicha plataforma electoral es prioritario incluir un Plan de Emergencia que tome en cuenta aquellos temas y problemas más acuciantes para las grandes mayorías perjudicadas por las políticas neoliberales.
1. EL CONTEXTO MUNDIAL Y NACIONAL
A finales del siglo XX asistimos -mediante la llamada revolución cientifico-técnica- a singulares avances en el campo del conocimiento, las comunicaciones y la producción que deberían beneficiar a la humanidad en su conjunto, si el principal objetivo del capitalismo no fuera el máximo incremento de la tasa de ganancia. Sin embargo vivimos en un mundo en el cual el imperialismo impone una estrategia global neoliberal que abarca aspectos económicos, políticos, ideológicos, culturales y militares. Se expulsa de la producción y se margina de la sociedad a millones de seres humanos. La concentración de la riqueza llega a niveles nunca vistos. Hoy 225 personas concentran una fortuna de 762.000 millones de dólares equivalente al ingreso del 45% de la población mundial (2.400 millones de pobres). Al mismo tiempo 3.000 millones de personas viven con menos de dos dólares diarios y carecen de saneamiento; 2.000 millones no tienen electricidad. Las crisis económicas de Japón y Sudeste Asiático se propagan por las principales bolsas de valores del mundo. Es la expresión financiera de una crisis estructural de superproducción.
La globalización se expande tras una concepción, una política y un programa neoliberal que es impulsado desde los grandes centros hegemónicos de poder liderado por los Estados Unidos de Norteamérica. Las crisis sucesivas con efectos en cadena en toda la economía mundial muestran la inestabilidad y la fragilidad que conlleva el actual modelo. El enorme poder concentrado en el capital financiero volátil, la falta de límites y controles sobre su desempeño, son fuente de desequilibrios con graves consecuencias para la vida de los pueblos.
Por otra parte el mantenimiento de una situación unipolar en lo político y militar ha habilitado un creciente intervencionismo de EEUU en diversas partes del mundo, utilizando los organismos supranacionales o a través de su acción militar directa o impulsando las llamadas leyes antiterroristas.
La aplicación de estas políticas en nuestra América Latina, en muchos países sustentadas por regímenes autoritarios y dictatoriales, ha dejado como consecuencias el incremento de la brecha entre los que más tienen y pueden y las grandes mayorías empujadas al calvario de una vida indigna, pauperización social, pérdida de las capacidades nacionales de desarrollo equitativo y sustentable. Ha aumentado en forma alarmante la desocupación, el sub-empleo y el informalismo. Se han comprometido los recursos naturales y se ha degradado el medio ambiente.
En nuestro país en particular, se instrumentan estas políticas conservadoras y neoliberales desde la década del 70 en adelante.
El advenimiento de la democracia, fruto de la lucha y sacrificio de miles de uruguayos, genera nuevas expectativas sociales que fueron paulatinamente frustradas en la primera administración Sanguinetti, con el incumplimiento y desconocimiento de los acuerdos de la Conapro. La administración Lacalle profundiza el proceso de reforma neoliberales, enfrentadas por nuestro pueblo en el Plebiscito de l992 sobre el destino de las Empresas Públicas, que significó un duro golpe a los principales exponentes nacionales del neoliberalismo encaramados en el gobierno.
La conquista del gobierno municipal de Montevideo por el FA crea una nueva situación nacional, donde la confrontación de modelos de país se expresa en las políticas contrapuestas del gobierno nacional y el gobierno departamental de la capital.
La nueva administración Sanguinetti, apoyada en una coalición blanqui-colorada de carácter orgánico e identidad ideológica, imprimió un nuevo impulso a las reformas neoliberales, introduciendo variantes mas pragmáticas del mismo modelo global. Se han llevado adelante reformas estructurales de signo regresivo para un auténtico proyecto de desarrollo nacional como la Reforma del Estado, de la Seguridad Social, de la Educación, del marco regulatorio energético, entre otras.
La crisis que estalló en 1997 en el sudeste asiático y se extendió al mundo, en América Latina golpea particularmente a Brasil (con repercusiones directas sobre nuestro país) y a Chile. Demuestra que el curso del neoliberalismo no es fatal e ineluctable; y que no sólo agrava la situación de los más desposeídos y de vastos sectores de capas medias sino que pone en tela de juicio las decisiones soberanas de nuestros países.
Luego de todo este tiempo y de los sacrificios impuestos a los sectores mayoritarios de la población, especialmente a los más débiles social y económicamente, el tipo de crecimiento que se ha logrado carece de sustentabilidad, siendo excesivamente dependiente del marco regional y del flujo de capitales, destinados especialmente al manejo especulativo y con niveles absolutamente insuficientes de inversión productiva. La estabilidad tan pregonada por la actual administración se cimienta en inestabilidades y angustias sociales insoslayables a la hora de analizar la situación nacional.
Hoy surge con claridad que el neoliberalismo conduce a callejones sin salida, que es inviable, y que, por ende, puede ser enfrentado, contenido y derrotado por la lucha unida de los pueblos, por una conjunción de máxima amplitud de la izquierda unida y de los movimientos populares y sociales.
La izquierda se propone llegar al gobierno para aplicar -en variadas formas de alianza entre los partidos progresistas y las organizaciones de la sociedad civil- un programa alternativo, de contenido democrático, nacional y popular. En nuestra América las posibilidades de llegar hoy al gobierno por parte de la izquierda se han acentuado considerablemente, como lo demuestran entre otros los ejemplos de Venezuela, Brasil, El Salvador, México y el Uruguay con el Frente Amplio y el Encuentro Progresista. A condición, desde luego, de una intensísima labor en el seno del pueblo y de la multiplicación de los con tactos con todos los sectores de la sociedad.
2. FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA DE TRANSFORMACIONES
Nuestra responsabilidad, a un año de las elecciones nacionales, es ganar el gobierno para encabezar la construcción de otro destino nacional. Una visión alternativa del país posible y deseable, esperanzadora y necesaria, basada en la justicia social, la igualdad de oportunidades, la solidaridad y la participación. Apoyado en propuestas racionales y fundadas y en actitudes individuales y colectivas de firmeza y defensa intransigente de los intereses de las grandes mayorías postergadas.
"El próximo gobierno progresista debe ser encarado como una etapa en un proyecto de cambio, de mayor aliento y profundidad, que demanda incrementar el apoyo popular en otras confrontaciones electorales, para dar continuidad a los cambios impulsados. Debe quedar claro que no podrán revertirse de un día para otro todos los efectos de décadas de políticas antipopulares. Las prioridades tácticas y estratégicas de la propuesta programática de gobierno, deben tomar en cuenta los objetivos de largo plazo que dan forma a la sociedad a la que aspiramos y también, deben tener presente el contexto político, social y económico del futuro inmediato."
"No se trata de limar las aristas negativas del modelo neoliberal, aperturista y desregulador. Se trata de proponer a la ciudadanía un programa de transformaciones que, partiendo de nuestra realidad y de sus potencialidades, y sin falsas expectativas, constituya un avance sustantivo en este país, en esta región y en este mundo globalizado, en el marco de nuestro proyecto nacional, popular y democrático." (Acuerdo de Abril).
Sustentan nuestro programa valores irrenunciables como la Libertad, la Justicia Social que asegure la equidad y la igualdad de oportunidades para todos, la Solidaridad, la Participación como fortalecimiento de las conductas colectivas, la defensa intransigente de la Democracia y su permanente profundización, el respeto pleno por los Derechos Humanos y el derecho a la Verdad como fundamentos de la convivencia, la ética y la honestidad como sustentos del ejercicio del gobierno.
La capacidad de escuchar, el diálogo fecundo con la sociedad civil, la proyección de propuestas fruto de ese diálogo, son herramientas imprescindibles para gestar la participación social y política necesaria para los cambios. Solo así se podrán modificar las relaciones de poder entre los distintos intereses en pugna y los diferentes proyectos de país. Coherentemente esta orientación se proyectará desde el gobierno en la concepción misma del modelo alternativo, en una relación más participativa entre Estado y Sociedad, afirmando los cimientos de una sociedad construida colectivamente y de la cual cada individuo se sienta responsable.
En ese sentido la construcción del Programa progresista en este Congreso cuenta con un riquísimo material que surge de las prácticas de apertura política como las Mesas Políticas en el interior, la labor de las unidades temáticas o los Encuentros abiertos, definidas por III Congreso "Cro. Prof. Juan José Crottogini" e implementadas en el Plan de Acción de l997.
Finalmente debemos destacar la experiencia de nueve años de gestión en la IMM en donde se desarrolla la participación activa de los vecinos del departamento mediante el proceso de descentralización.
Frente a la unión de la derecha en la coalición de gobierno que procura también unir sus votos en el balotaje, nuestro desafío es bregar por la suma más amplia en lo político con todos aquellas fuerzas que se comprometan con el proceso de transformaciones democráticas y populares. Al mismo tiempo es imprescindible también unir en lo social a las fuerzas del cambio, para reconstruir y fortalecer el entramado social.
La tarea del Congreso será trazar las Grandes Líneas Programáticas a partir de las cuales el FA, posteriormente deberá definir - en el marco del EP - la Plataforma de Gobierno.
En ese proceso el trabajo de las Unidades Temáticas del FA y los Talleres del EP, cuyos informes se adjuntan para su discusión, deberán continuar con su tarea, ya que desde estos ámbitos, en función de las Grandes Líneas Programáticas y el acuerdo de Plataforma de Gobierno, surgirán las propuestas para ofrecer a la ciudadanía.
Las líneas programáticas marcan las prioridades que orientarán al Gobierno Progresista, centrando su atención en aquellas situaciones que por su gravedad no admiten postergaciones. Las tres grandes prioridades que se definen en este documento permiten articular coherentemente las políticas sectoriales, y sus instrumentos. El análisis de dichas políticas sectoriales, que se avanza desde las unidades temáticas, complementará el diseño de la propuesta progresista.
3. GRANDES PRIORIDADES PROGRAMATICAS
3.1 LA BÚSQUEDA DE LA JUSTICIA SOCIAL. POBREZA, DESIGUALDAD, MARGINACIÓN Y EXCLUSIÓN
El gobierno progresista buscará avanzar en materia de justicia social, combatiendo la pobreza en sus distintas manifestaciones. En este objetivo juegan un papel fundamental tanto las políticas sociales, como un modelo que desarrolle la capacidad productiva del país, generando empleo e integración económica, social, cultural y política. La atención adecuada del problema de la pobreza requiere un enfoque integral combinando y coordinando las políticas sociales entre sí y con las políticas económicas; un enfoque diferencial, que incluya la equidad de género, porque hay que compensar las gravísimas carencias actuales y un enfoque participativo porque hay que lograr el involucramiento de los afectados y de toda la sociedad en el tratamiento del problema.
Actualmente los que más necesitan de los servicios básicos son los que menos los tienen y de menor calidad. Las políticas sociales progresistas serán directamente proporcionales a sus necesidades. En esencia con respecto a la situación actual como decía Artigas, "invertir el orden de la justicia" para que "los más infelices sean los más privilegiados".
Estas políticas deberán estar coordinadas en una planificación global, evitando duplicaciones y vacíos, creándose una instancia del más alto nivel capaz de ejercer dicha coordinación con todo el universo de medidas, programas e instituciones que atiendan las políticas sociales a nivel nacional y local.
En este sentido se realizarán acciones de apoyo dirigidas a los grupos más necesitados con atención prioritaria a los niños, especialmente en materia de alimentación. En general se llevarán adelante programas y acciones que atiendan en forma inmediata y concentradas aquellas situaciones y zonas de mayor emergencia. Dentro de la concepción integral de las políticas que mencionábamos se realizarán acciones en las siguientes áreas:
a. Se dará especial importancia a las políticas educativas, fortaleciendo su capacidad para que niñas y niños logren un desarrollo pleno y equitativo para favorecer sus potencialidades, así como la integración social de los sectores empobrecidos, excluidos y marginados. Es necesario compensar las graves desigualdades que actualmente se dan en el sistema educativo básico para los distintos estratos sociales; la enseñanza técnica y profesional debe ser jerarquizada y universalizada en la que todos puedan formarse y recapacitarse para el trabajo. El concepto de educación permanente debe ser profundizado en el sistema. Los medios de comunicación deben contribuir a la obtención de estos objetivos.
Se dará atención preferente a los temas culturales de modo integral, impulsando una política de promoción y desarrollo que busque la participación democrática de la comunidad.
b. En cuanto a políticas de salud: asegurar la universalidad y equidad -con un financiamiento socialmente justo- de las prestaciones. Priorizar el primer nivel de atención de la salud y la medicina preventiva, en el marco de la estrategia de atención primaria en salud. Potenciar al máximo las policlínicas barriales, coordinado la red de policlínicas públicas y privadas mediante un Convenio Marco. Fortalecimiento de los hospitales públicos aumentando su eficiencia, desconcentrando su gestión y descentralizándolos a través de la participación comunitaria. Coordinar los servicios de salud con los sistemas educativo y de seguridad social. Fuerte participación estatal en la regulación, control comercial y eventualmente producción de medicamentos. Elaboración de un plan nacional de salud en consulta con todos los involucrados para que contemple las necesidades específicas de salud de hombres y mujeres de acuerdo a su edad, sexo y condiciones particulares, garantizando así la atención integral.
c. Se promoverán activamente - a través de financiamiento público- políticas para que los sectores sociales de bajo recursos puedan acceder a la vivienda (en calidad de usuarios, arrendatarios o propietarios), generándose líneas de créditos especiales, subsidiados por el Estado. Se dará pleno cumplimiento al Plan Nacional de Viviendas. En el marco de un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, coherente con las políticas generales de desarrollo, se establecerá una Política Nacional de Tierras para viviendas, como parte de las políticas de descentralización. Se promoverá la actividad del movimiento cooperativo, así como otros sistemas sociales de construcción y gestión comunitarias. Se atenderá especialmente la situación del mercado de alquileres, buscando un funcionamiento acorde con los objetivos planteados. Se buscará dar solución a la problemática de los asentamientos, procurando la repoblación de las áreas urbanas con infraestructuras disponibles y atendiendo a las situaciones de lanzamiento de familias por vía judicial.
d. En materia de seguridad social se buscará la generación de un nuevo sistema integral basado en los principios de universalidad, redistribución, solidaridad intergeneracional, participación, eficiencia, protección y financiación tripartita, social. Se alcanzará con los beneficios de la seguridad social a sectores que ahora no los poseen (niños sin asignación familiar, ancianos sin atención médicas, desocupados sin seguros, hogares carenciados sin ingresos suficientes, mujeres trabajadoras sin cobertura). En cuanto a las pasividades se estudiará el retiro gradual y se regularán los montos de jubilación y tasas de reemplazo según franjas de remuneración. En este tema el Congreso laudará la posición definitiva del Frente Amplio, atendiendo las resoluciones del Plenario Nacional del 8 de agosto de 1998 (derogación de AFAPS, implementación de fondos complementarios, etc.).
3. 2 TRANSFORMACIONES HACIA UN PAIS PRODUCTIVO
El enfoque de país productivo que tiene el Frente es de producción con justicia social, que es la única forma de poner la economía al servicio del ser humano, y de que el mejoramiento sea sostenible en el tiempo.
Durante los últimos años la derecha ha apostado a convertirnos en una plaza financiera, descuidando al sector productivo. Así se desmanteló la industria perdiendo desde 1990, 80.000 puestos de trabajo, en especial del sector industrial productor de bienes de consumo para el mercado interno.
El gobierno progresista apostará definitivamente al desarrollo armonioso y con respeto al medio ambiente, del sector productivo, en contraposición al país especulativo, al gran latifundio improductivo y a la corrupción.
Impulsará políticas activas de generación de empleo y redistribución progresiva del ingreso, haciendo que todas las acciones que se plantean tengan esto como principal objetivo. Entre otras políticas se destaca especialmente, la elaboración de un plan quinquenal de viviendas que a la vez de estimular la contratación de mano de obra, tienda a reducir el déficit habitacional en los sectores de menores recursos estimado en poco más de 100.000 viviendas. Al mismo tiempo, las diferente modalidades que adquieren las políticas activas de empleo deben centralizarse en el contexto de los objetivos globales de la política económica y social.
Se estimularán selectivamente emprendimientos privados y sociales, (comprendiendo estos últimos a los de carácter cooperativo), atendiéndose especialmente la defensa, instalación, coordinación y desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas, por su capacidad de ocupación de mano de obra y siempre que se consideren viables.
Con ese fin se promoverá la democratización del crédito, (controlando rigurosamente que éste sea utilizado para los cometidos que fueron otorgados), y se definirán instrumentos fiscales, institucionales, legales y económicos capaces de desarrollar la capacidad competitiva y productiva de esta categoría de empresas. En este marco a nivel agropecuario se promoverán y dinamizarán modalidades asociativas entre productores, con la participación y el protagonismo de los mismos que fortalezcan escalas y capacidades organizativas, autogestionarias, tecnológicas y económicas.
Con esta orientación, las políticas económicas buscarán un crecimiento del mercado interno e inserción competitiva, regional e internacional, fortaleciendo nuestro potencial exportador y evitando políticas de importación lesivas para nuestra capacidad productiva. Dentro de la misma, el gobierno progresista promoverá un proceso de desarrollo económico que beneficie a la mayoría de la población, en especial a los sectores más carenciados. El conjunto de los instrumentos de política económica deberá atender simultáneamente, la distribución del ingreso, el crecimiento y la estabilidad. Se buscará mantener el equilibrio fiscal y contener la inflación, sin transformar estos instrumentos en un objetivo en sí mismos.
En materia de políticas salariales, el Frente Amplio desarrollará aquellas tendientes a modificar el salario mínimo nacional, de manera de poner un piso real a las remuneraciones, así como mejorar los beneficios sociales que dependen de este indicador. Al mismo tiempo se procederá a la recuperación gradual de los salarios de los sectores más sumergidos, así como se procurará eliminar las diferencias salariales respecto a una misma tarea.
Se generarán mecanismos de obligatoriedad en el sector público y privado de negociación colectiva, donde el Estado garantice el cumplimiento de mínimos de remuneración y de condiciones de trabajo, para lo cual será indispensable la implementación del fuero sindical. Se buscarán acuerdos generales entre trabajadores, empresarios y Estado a través del Consejo de Economía Nacional, previsto en la Constitución y nunca concretado.
Se promoverán mecanismos de reparto entre el capital y el trabajo de las ganancias de productividad, en especial en las empresas o ramas de actividad de mayor apoyo estatal.
El gobierno progresista, sin rehuir las obligaciones contraídas por el Estado, buscará aliviar la carga externa, sin aceptar imposiciones de los organismos internacionales de crédito, renegociando plazos y reformulando el perfil de la misma.
Se iniciará un Plan de Desarrollo Económico, que deber ser confiable para los agentes, quienes con distinto grado de participación -definida con claridad- lo llevarán a la práctica (Genéricamente: Estado, Trabajadores, Empresarios, Comerciantes y Agentes financieros). La izquierda y los sectores progresistas deben realizar un gobierno que, manteniendo su compromiso básico con los trabajadores y los sectores más débiles de la sociedad, propicie un marco de estabilidad económica, institucional y social, respetado por todas las partes. Se diseñarán políticas de apoyo al desarrollo de determinados complejos productivos definidos como estratégicos. En este marco, una herramienta central, será la búsqueda de acuerdos de complementación productiva con nuestros socios del Mercosur. Estas políticas serán implementadas con la activa participación de los actores directos.
El gobierno progresista aplicará un Plan Nacional de Energía que armonice la participación de cada sector energético sobre la base de los intereses generales, procurando la racionalidad y la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos, disminuyendo la dependencia energética y contribuyendo al proceso de reindustrialización del país.
El subsuelo es fuente potencial de una enorme riqueza para lo cual se impulsarán las tareas de prospección y se fomentarán los emprendimientos de desarrollo mineros y extractivos
Otro sector al que el próximo gobierno progresista le brindará especial atención es el pesquero, tanto en su fase de investigación, cultivo, captura, de industrialización, como de comercialización. Esta última debe dirigirse no solo al mercado internacional con el mayor nivel de procesamiento posible, sino también hacia el consumo interno, en el marco de una fuerte campaña de promoción que apunte a incluir los productos del mar en la dieta habitual de los uruguayos a valores accesibles.
El carácter estratégico de los trabajos de batimetría para el relevamiento y conocimiento de nuestras riquezas, mas allá de las 200 millas, merecerán especial atención.
El Estado regulará debidamente el transporte multimodal coordinando armoniosamente los diversos segmentos: el ferrocarril, la carretera, el fluvial y marítimo y el aéreo, tanto para carga como para pasajeros, atendiendo sus ventajas comparativas.
El tráfico marítimo, la Marina Mercante Nacional, cabotaje y dragado, etc. necesita de la creación de un Servicio Descentralizado, que implemente la política del Sector promoviendo flotas de bandera nacional, estatal y privada.
Un criterio central de las políticas productivas debe ser el de la selectividad, es decir orientar a través de diferentes políticas la inversión hacia los sectores considerados prioritarios.
Los criterios para determinar la selectividad deben ser claros, transparentes y de impacto económico y social.
Proponemos en primera instancia los siguientes:
* La generación directa e indirecta de empleo.
* La generación o el ahorro de divisas (es decir su saldo neto)
* La desconcentración territorial.
* El impacto ambiental.
* El dinamismo tecnológico y en particular su capacidad de generar nuevos productos.
Por ello es que para llevar adelante estos criterios es necesario un minucioso estudio de las potencialidades productivas de cada rama, empresa, etc. Pero el criterio orientador debe ser estudiarlos por la vía de la articulación de complejos productivos que incluyan áreas de producción agropecuaria, industrial, comercial y de servicios.
Dado el peso del sector agroindustrial, es básica la importancia de sus distintos complejos productivos (carne, lana, lácteos, agrícola, arrocero, citrícola, forestal, MINERO Y AZUCARERO) por lo que serán esenciales las políticas agrarias a impulsar, y en particular las de tierras, capacitación, información, asistencia técnica, comercialización, créditos a los productores y trabajadores rurales.
El uso sustentable de los recursos naturales, en particular tierra y agua, riqueza de la sociedad toda, será objetivo prioritario en la renovación del Sector. No solamente se deberá actuar para asegurar la conservación de los mismos si no para que su explotación beneficie a la sociedad toda. En este sentido se reivindica la total vigencia del Instituto Nacional de Colonización (I.N.C.), el cual deberá ser capitalizado y renovado para que pueda cumplir con sus objetivos básicos. Se mantendrá la actual Ley que prohibe que las Sociedades con acciones al portador sean propietarias de la tierra, legislándose también para evitar la extranjerización de las mismas.
El recurso agua sea para uso humano o riego, será básico para el desarrollo y bienestar social en las próximas décadas.
Se generarán políticas específicas para las diferentes áreas de servicios, que busquen potenciar su significación económica y ocupacional, en especial referidas a los segmentos más dinámicos: industrias culturales, software, entre otros, y en especial el turismo en virtud a su significación como polo estratégico de desarrollo y por abarcar plenamente los criterios de selectividad definidos precedentemente.
Para la apuesta al desarrollo del sector productivo, es imprescindible la aplicación de los instrumentos económicos, financieros, fiscales, monetarios, comerciales y de generación de conocimientos adecuados al logro del objetivo.
El crecimiento sostenido de la economía requiere un sensible aumento de la tasa de inversión, tanto pública como privada, respecto al PBI. y en la calidad de la misma. Solo así será posible el proceso de modernización y reconversión del aparato productivo que permita alcanzar mejores niveles de competitividad, que no estén basadas en el desmejoramiento del salario ni en el deterioro de los derechos de los trabajadores.
El Banco Central regulará y controlará más efectivamente el flujo de capitales y el sistema financiero y orientará el crédito para que sirva de apoyo a los sectores productivos. La Banca Oficial jugará un rol central en el conjunto del sistema bancario, fortaleciendo al Banco República en su función de banco de fomento.
Se realizará un diseño de política fiscal más justo, el principio rector a aplicar será "que pague más el que más tiene". El sistema tributario que se promueve se basará, en los principios de: progresividad, finalismo, generalidad, equidad y coherencia. Se impulsará el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, al tiempo que se gravarán ciertas actividades financieras de carácter especulativo, los consumos suntuarios y la concentración de la riqueza.
Esto implica una reforma tributaria, que incluya el IMPUESTO A LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS, la que deberá lograr los siguientes objetivos:
a) obtener los recursos suficientes para financiar las necesidades presupuestales del Estado.
b) Operar como factor de redistribución de riqueza.
c) Marcar una política indicativa de la orientación económica, fomentando un país productivo de bienes y servicios
d) Lograr un equilibrio entre los diversos impuestos que gravan la renta, el capital y el consumo, modificando la situación actual basada en la imposición al consumo.
La complejidad de estos cambios implica un proceso paulatino y firme que arranca con una reforma de la Administración Tributaria, para especializarla por un lado en la recaudación de impuestos directos y personales, y por otro, en la de los indirectos y en aquellos relacionados con las empresas.
Se acompasará las diferentes modificaciones de tributos, evitando producir en el corto plazo una disminución de los resultados recaudatorios.
En tal sentido, la incorporación del Impuesto a la Renta de Personas Físicas permitirá la reducción del IVA y del Impuesto a los retribuciones personales, hasta llegar a la eliminación de este último, en el plazo más rápido posible.
Se organizará con fuerte participación de los involucrados un sistema de apoyo sistemático a la comercialización de la producción nacional, tanto para el mercado interno como para la exportación. Se promoverá la comercialización colectiva o cooperativa, y se proveerá por parte del Estado servicios de asesoramiento técnico, administrativo, comercial y de bases de datos al empresariado nacional.
Se dará prioridad al desarrollo científico-técnico del país. El país entero debe modernizarse y tecnificarse. Renovar las técnicas de producción para mejorar la competitividad en el exterior, y en el mercado interno, con la finalidad de producir mayor cantidad y mejor calidad de bienes y servicios, mejorando las condiciones de empleo y del salario. El Uruguay posee una asignación de recursos a la inversión en ciencia y tecnología absolutamente insuficiente, tanto si la contrastamos con las necesidades sociales, como si la comparamos con la situación en los países desarrollados o en la propia América Latina. Esta situación debe ser revertida radicalmente, mediante un incremento sustancial de los recursos destinados a este fin. El Estado desplegará una política para el impulso y desarrollo de la investigación científica y la innovación tecnológica. Se creará una instancia al más alto nivel, encargada de coordinar y dirigir las diferentes acciones en la materia. Esta instancia deberá coordinar su acción con los ministerios que tienen que ver con las políticas productivas y darle un especial papel a la Universidad de la República.
3.3 LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA SOCIEDAD Y EL ESTADO
POLITICAS INSTITUCIONALES
3.3.1 FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA.
La vigencia y consolidación del sistema político, institucional, democrático uruguayo es un elemento sustancial para el proyecto progresista. En él deben confluir simultáneamente la libertad, la justicia y la participación efectiva de la población. Se promoverán las siguientes acciones:
a. Apuesta a la Descentralización y participación en el plano político y administrativo, incluyendo los recursos financieros que la hagan viable. Esto tendrá como objetivo promover la participación ciudadana en todas las etapas de la gestión pública - iniciativa, implementación, y control- tanto en ciudades como localidades y zonas rurales.
La desconcentración administrativa implicará acercar los servicios a las localidades, fortaleciendo la ejecución local en el marco de la planificación nacional. Planificación estratégica como base para un presupuesto que mejore la calidad de vida de la gente y las áreas que definimos como prioritarias.
La descentralización política es una orientación global que comprende la creación de órgano gobierno liberal en localidades y barrios de las grandes ciudades. Asimismo se promoverá la conformación de Consejos vecinales como expresión de la amplia y diversa trama de organizaciones sociales que existen a nivel local en todo el país. Organismos electivos, con potestades de asesoramiento obligatorio, con derecho a iniciativa, a contralor, a colaboración y ámbitos de debate y participación ciudadana en todos los temas que hacen a la calidad de vida de la población.
En la elaboración de las grandes líneas de acción del Estado se habilitarán formas de participación de la sociedad civil. En este sentido, tendrán que tenerse en cuenta iniciativas que den forma y contenido al Consejo de Economía Nacional, previsto en la Sección XII de la Constitución. Se establecerá la participación del Congreso Nacional de Intendentes en la elaboración e implementación de líneas de gobierno que incidan en los departamentos. Que la comisión sectorial actúe como nexo y asesor del Congreso de intendentes como forma de desarrollo de las economías locales.
b. Un mayor equilibrio entre los tres poderes del Estado, en particular atendiendo la situación del Poder Judicial, garantizando su independencia técnica y promoviendo su efectiva autonomía económica así como la dotación de recursos humanos y materiales adecuados para su labor. Asegurar la independencia técnica de los organismos de contralor (Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Corte Electoral y Tribunal de Cuentas). El Poder Ejecutivo cumpla con todas las normas constitucionales que aseguren la función de contralor del Parlamento. El Poder Legislativo debe jugar el papel que la constitución y la ley le otorga en una sociedad democrática.
c. Defensa de la transparencia en la gestión administrativa. Esto implica un combate frontal y decidido a la corrupción, malversación y despilfarro en todos los niveles del aparato del Estado. La adecuación de la legislación sobre el delito económico es una faceta importante. Pero también es imprescindible superar las limitaciones que tiene la justicia para desarrollar las investigaciones de manera rápida y efectiva. Debe enfrentarse el tema con un conjunto de elementos con potencialidad de coadyuvar a prevenir o limitar la corrupción, tales como: el desarrollo de una conciencia social y política que la sancione, una legislación relativa al financiamiento de los partidos políticos, la aprobación de la ley cristal, la creación del defensor del pueblo, la puesta en práctica del catastro nominativo (según ley ya aprobada y nunca cumplida), la flexibilización del secreto bancario e incluso la cooperación internacional en la materia.
d. Democratización de los medios de comunicación y de la información. Poniendo los medios públicos al servicio de la comunidad, promoviendo medios de comunicación comunitarios, asegurando espacios equitativos en los grandes medios para los partidos ante las consultas a la ciudadanía.
Se desarrollará una política al respecto que favorezca el enriquecimiento de la información, la difusión de experiencias novedosas, la expresión de los diferentes sectores sociales y políticos, la discusión de temáticas de interés colectivo, el cultivo de valores humanistas, la divulgación de avances científicos y tecnológicos, la valoración de nuestra identidad cultural, la difusión de experiencias solidarias, la presencia de artistas nacionales y de productos culturales creados en el país, etc. En este sentido se impulsará el proyecto presentado en el Senado por el Frente Amplio. La normativa que regula los Medios de Comunicación es inorgánica, fraccionaria y en su mayor parte se generó en la dictadura, por lo que aparece como imprescindible que el Artículo 29 de la Constitución por su trascendencia democrática, no aparezca regulado de esa forma sino por una norma legal que contemple toda la importancia y jerarquía que una temática de esta naturaleza tiene en la sociedad actual.
Art.29 de la Constitución: Toda persona tiene derecho a una comunicación radial, televisiva libre y pluralista y a la libertad de expresión del pensamiento.
Creación de una Comisión Nacional de Medios Audiovisuales de Telecomunicación.
3.3.2 DEFENSA NACIONAL
1) La Defensa Nacional es una cuestión esencialmente política y compromete a toda la nación. Comprende el conjunto de actividades que tienden a preservar la soberanía y la independencia de nuestro país, a conservar la integridad de nuestro territorio y a consolidar la paz y el respeto de la Constitución y las leyes de la República.
2) El Estado debe determinar la Política Nacional de defensa (opuesta a la denominada Doctrina de la Seguridad Nacional), y la del componente militar de la misma. El Frente Amplio aspira a que, en sus lineamientos básicos, deje de estar teñida partidariamente. Para ello, deberá democratizarse y ser elaborada por el conjunto de la sociedad, con particular participación de sus representantes legítimamente electos. Realzándose el papel a desempeñar por el Poder Legislativo en la determinación de dicha política.
Para el Frente Amplio, además, implica un compromiso a asumir, tanto en la condición de opositores de hoy como en la perspectiva de ser gobierno en el futuro.
Las FFAA serán un cuerpo profesional y efectivamente subordinado al poder civil y su misión (cometido o papel) fundamental está en la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad territorial, la paz, la Constitución y las leyes de la República.
Teniendo en cuenta la experiencia de una interpretación legal que lleva al Poder Ejecutivo al empleo arbitrario, se procurará la reforma de la Constitución, para que en ella se establezca claramente qué se entiende por Defensa Nacional, cual de las misiones a cumplir y cuales le estarán vedadas.
No se le dará carácter de actor político y el relacionamiento oficial del Partido Frente Amplio lo será por intermedio del mando superior de las FFAA (Presidente de la República y Ministro respectivo); o por el que responde a la actuación el marco del Poder Legislativo; tal como se desprende de la Constitución de la ROU.
3) La nueve Ley Orgánica de las FFAA, establecerá claramente que las mismas estarán para la Defensa Nacional (defensa militar de la nación) ante ataque armado desde el exterior, previendo su adecuado redimensionamiento, organización y dotación de los medios necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.
El Frente Amplio continuará, en consecuencia, sin acompañar la participación en los respectivos estudios, ejercicios o maniobras (teóricas o prácticas) que no se reflejen en defensa de interés vital para el país, aunque resulte gratuito el empleo de medios puestos a disposición por países que buscan atender a sus propios intereses nacionales o hegemónicos, o su seguridad nacional.
El Frente Amplio procurará desarrollar una política militar de fortalecimiento de vínculos subregionales y latinoamericanos opuesta a la visión hegemónica que, a través del sistema militar panamericano, EEUU intenta perpetrar en la región y el hemisferio.
Por lo tanto, las FFAA no serán empleadas en "Planes de Desarrollo" ni "Acción Cívica" que responden a la estrategia del sistema militar panamericano.
Tampoco serán empleadas en el marco de los lineamientos de seguridad hemisférica impulsados en el encuentro Williamsburg, ni para misiones policiales (narcotráfico, contrabando, terrorismo) que hacen al orden interno de la República, por ser responsabilidad del Ministerio del Interior.
4) Impulsaremos una clara diferenciación de los ámbitos de defensa nacional (de responsa-bilidad del Ministerio de Defensa Nacional con las FFAA) y de seguridad interna (de responsabilidad del Ministerio del Interior con las fuerzas policiales).
Luego de la dictadura hay una tendencia a aumentar la represividad del sistema penal dónde el concepto de "enemigo interno" heredado de la Doctrina de la Seguridad Nacional, se ha desplazado a sectores que se visualizan como potencialmente "peligrosos"; menores, jóvenes, marginados. Para la "Seguridad Pública" se promoverá el retorno a un modelo de guardia civil, que cambie el vigente de policía militarizada.
5) Las FFAA podrán ser excepcionalmente empleadas en caso de conmoción interna (calamidades, inundaciones) y solamente con previa autorización legislativa y bajo su efectivo control.
6) Se deben generar condiciones para la integración de las FFAA a la sociedad desde una visión radicalmente diferente a la actual.
Transformando al sistema de formación militar, que se limitará a lo estrictamente técnico profesional, y con la parte formativa no militar en los ámbitos civiles colectivos de enseñanza del Estado (Escuelas, liceos, UTU, Universidad, etc.). Ello se hará buscando la integración al resto de la sociedad con una efectiva actividad compartida, buscando y respetando las particularidades que emergen de la funcionalidad de las FFAA, la integración al sistema social en general, de atención a salud, previsión social, de vivienda, etc., que comprenda a toda la población.
7) Se impulsará el proyecto de ley sobre "Jurisdicción Militar" ya presentado por el Frente Amplio en el Parlamento y eventualmente en la Reforma de la Constitución, a efectos de la Justicia Militar esté en manos de jueces ordinarios con competencia específica dentro de la órbita del Poder Judicial.
8) Los Acuerdos y Tratados Internacionales en esta materia deberán ajustarse a los lineamientos de nuestra Política Internacional, de acuerdo a nuestro potencial y cuidando no afectar la capacidad de Defensa Nacional Militar. Se exigirá que toda la tramitación sea por el camino de la Cancillería, rechazando la nefasta práctica de diplomacia militar paralela (y ahora llevada adelante por el propio Ministerio de Defensa Nacional).
9) Las actividades que no sean estrictamente de preparación o ejecución de la defensa nacional, serán retiradas de la órbita de competencia del Ministerio de Defensa Nacional, estudiándose caso por caso y con criterio de racionalidad, atendiendo siempre a los intereses del ejercicio de la soberanía de la República.
Se analizarán particularmente los casos de Comunicaciones, Meteorología, Aviación Civil y Marina Mercante. En el caso del control y la planificación de las políticas de aviación civil y marina mercante, se analizará la conveniencia de que sean transferidas a órganos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Se tendrá en cuenta el Proyecto de Ley que el Frente Amplio presentó al Parlamento Nacional sobre..."la democratización de las comunicaciones"... que en los aspectos referidos a la planificación y regulación del espectro radioeléctrico, reglamentación normativa, concesión de ondas (con un criterio plural y democrático) y representación ante los organismos regulatorios, regionales e internacionales, se transferirán desde el Ministerio de Defensa, a un organismo estatal de composición plural.
En todo caso se rechazará las privatizaciones de las empresas públicas del Estado.
Deberá funcionar un organismo (de preferencia que conjugue miembros designados por el Poder Ejecutivo y por integrantes del Poder Legislativo) que dé su opinión previa a decisiones de gobierno - y en forma expresa - en todos los casos en que estén en juego aspectos estratégicos, como el área de los transportes, de la energía, de las comunicaciones, etc. (ahora habría que agregar la atención a la política de forestación, uso de aguas, empleo de tierras e inversiones) del punto de vista del ejercicio de la soberanía.
Es de señalar la pérdida del control del uso del Pabellón de la República en el aire por la enajenación de PLUNA a capitales extranjeros; o en el mar, ya que no navega ningún buque mercante de porte (de ultramar) con pabellón uruguayo. Y las privatizaciones en obras como el puente Colonia - Bs.As. y el eje vial; o para los canales de navegación, balizamiento y administración, en las denominadas hidrovías y sus prolongaciones hacia el Océano Atlántico o para la usina hidroeléctrica de Salto Grande.
10) Sobre gastos de defensa: entendemos que, ante la situación subregional, regional y mundial, el gasto que el Uruguay realiza en sus FFAA no se condice con las necesidades y peligros que enfrenta. Ante ello, proponemos una adecuación progresiva del gasto y reducción del número de efectivos, mediante la reconversión de los mismos que no genere desocupación.
Lo anterior requiere inevitablemente que se procese un debate franco y serio sobre la política de defensa nacional que el país debe llevar adelante en el marco de esas nuevas realidades internacionales, con una discusión que permitirá definir sin improvisaciones, las características de la defensa militar del país y el cometido de las FFAA.
En el marco de la política de defensa de la soberanía, se deben liquidar los privilegios, en particular presupuestales, de sectores militares represivos que rigen actualmente, con el desbalance en el conjunto del gasto y la inversión pública. Esta propuesta debe diferenciarse con claridad de recortes y rebajas que (siendo coherente y complementario con las políticas monetaristas que los neoliberales viene aplicando con la excusa de tener que reducir gastos para bajar el déficit fiscal y la inflación) las necesidades del imperialismo yanqui están tratando hoy de imponer en su política de sustituir en el continente las FFAA por guardias nacionales o por lo menos disminuir su peso y dimensión dentro del bloque de poder interno de cada país. Así lo determina la prioridad que los Estados Unidos están dando a la creación y acción de un ejército multinacional con creciente presencia en todo conflicto grave para sus intereses mundiales y que se caracteriza por el despliegue rápido de sus fuerzas en lo que ellos mismos han denominado "guerra de baja intensidad".
Sobre los proventos o ingresos que recibe el Ministerio de Defensa Nacional o sus diferentes reparticiones y organismos, deberá rendirse cuenta efectivamente, con intervención preceptiva del Tribunal de Cuentas, al igual que los otros organismos del Estado.
Se encomienda a la Comisión Especial de Defensa Nacional del Frente Amplio, estudiar la reglamentación de la utilización de miembros de las FFAA para usos no específicos de las mismas, especialmente para aquellas que compitan con tareas civiles.
11) Se ratifica lo aprobado por el 2do. Congreso Ordinario (25 de agosto de 1991) y por el Congreso Extraordinario (Julio de 1994) en materia de Defensa Nacional.
12) El Congreso dispone que la Comisión Especial de Defensa Nacional del FA, analice los casos en que se podrá contar con la participación de las FFAA en tareas de carácter civil, por tener estas las capacidades técnicas necesarias y no haberlas en el medio civil.
13) El Frente Amplio reafirma el rechazo a la participación de las FFAA Uruguayas en acciones internacionales o en conflictos de carácter nacional en diferentes partes del mundo que no respeten los principios de autodeterminación y soberanía de los pueblos, entrometiendo peligrosamente a nuestro país en asuntos de otras naciones. Las mismas se dan bajo égida de la hegemonía mundial de los países más poderosos, en especial del Imperialismo norteamericano, dentro de una concepción de ejército multinacional que interviene en cualquier país o zona cuando considera que sus intereses así lo determinan o requieren, a la vez de comprometer seriamente la soberanía Uruguaya.
Cuando, en cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas para la participación de efectivos uruguayos en misiones de paz de la ONU, se exigirá la preceptividad de que el Parlamento Nacional cuente con la información necesaria en el tiempo suficiente, para definir si corresponde "negar o conceder la salida de fuerzas nacionales fuera de la república señalando, para cada caso, el tiempo de sus regresos" ( Constitución de la República Art. 85 Inc. 12). Se valorará para el otorgamiento de dichas autorizaciones, si efectivamente contribuyen a la paz, si surge de acuerdos entre las partes en conflictos, si no agreden la autodeterminación de los pueblos y que no sean contrarias a los intereses de nuestro país.
14) Exigir a los poderes del Estado el reconocimiento del derecho a reintegro, ascensos y demás reparaciones a los militares destituidos por razones políticas o ideológicas.
15) El Frente Amplio denuncia en lo institucional la no depuración - en las filas de las FFAA del Ministerio de Defensa o en las policiales en el Ministerio del Interior - de los responsables de los crímenes acaecidos en la dictadura y la vigencia en lo sustancial de la Doctrina de la Seguridad Nacional.
16) En defensa irrestricta de los DDHH tanto en lo que tiene que ver con la aplicación de un modelo político más humanista que procure el desarrollo del hombre como tal en una sociedad más justa y equitativa, como en el esclarecimiento de los hechos que en el pasado avasallaron dichos derechos, el Frente Amplio reclama el cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 4 de la Ley "de Impunidad" y exige que se investiguen y se den a conocer los resultados sobre los casos de las desapariciones forzadas ocurridas durante la dictadura.
El acatamiento de la Ley ratificada por decisión ciudadana en el Plebiscito de abril de 1989, que no compartimos pero respetamos, no significa que queramos seguir viviendo escondiéndonos la verdad entre nosotros.
3.3.3 DERECHOS HUMANOS
Introducción
Nuestra concepción sobre los DD.HH. está inspirada tanto en los compromisos que nuestra fuerza política ha desarrollado durante toda su trayectoria, como en aquellos instrumentos internacionales suscriptos por nuestro país que constituirán para el gobierno progresista, un eje de acción ineludible e irrenunciable. Ellos son: la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los distintos pactos internacionales y otros instrumentos de derechos humanos pertinentes y la Declaración y Programa de Acción de Viena:
VISTO:
1) La necesidad de que el Frente Amplio reafirme la universalidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
2) La Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 1998/53 de Naciones Unidas aprobada el 17/04/98, sobre Impunidad que expresa:
a) "que la expectativa de impunidad respecto de las violaciones de los derechos humanos o del derecho humanitario internacional alienta esas violaciones y es uno de los obstáculos fundamentales para la observancia de los derechos humanos y del derecho humanitario internacional y para la plena aplicación de los instrumentos internacionales de los derechos humanos y de derecho humanitario".
b) "que la denuncia de las violaciones de los derechos humanos, la entrega de sus autores a la justicia, la obtención de justicia para las víctimas, así como el mantenimiento de archivos históricos de esas violaciones orientaran a las sociedades futuras, y que todo ello es parte integrante de la promoción y la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de la prevención de futuras violaciones".
c) "que exigir responsabilidades a los autores de violaciones graves de los derechos humanos es uno de los elementos esenciales de toda reparación eficaz para las víctimas de violaciones de los derechos humanos y un factor clave para conseguir un sistema de justicia justo y equitativo y, en definitiva, la reconciliación y la estabilidad en un Estado".
d) "acogiendo con agrado el establecimiento por parte de los Estados en los que han ocurrido violaciones a los derechos humanos en el pasado, de mecanismos para denunciar esas violaciones, en particular comisiones investigadoras o comisiones de averiguación de la verdad y reconciliación".
e) "destacando la importancia de establecer un tribunal penal internacional permanente como medida para luchar contra la impunidad...".
f) "reconocer que para las víctimas de violaciones de los derechos humanos el conocimiento público de su sufrimiento y de la verdad acerca de los autores de esas violaciones es esencial para la rehabilitación y la reconciliación, e insta a los Estados a que redoblen los esfuerzos para ofrecer a las víctimas de violaciones de los derechos humanos un proceso justo y equitativo mediante el cual puedan investigarse y hacerse públicas esas violaciones, y a que alienten a las víctimas a participar en dicho proceso".
COMPARTIENDO Y REAFIRMANDO
La declaración de 121 parlamentarios pertenecientes a la Unión Cívica Radical y al FREPASO de Argentina; a la Democracia Cristiana, el Partido por la Democracia y el Partido Socialista de Chile y el Nuevo Espacio y nuestro Frente Amplio de Uruguay que establece:
"La plena vigencia de los derechos humanos constituye una causa de la humanidad toda. Su irrestricto respeto, control y vigilancia, representan un compromiso compartido por parte de todos los estados democráticos, que no se agota en las fronteras o jurisdicciones de país alguno. La lucho por estos derechos fundamentales, la persecución y castigo a los responsables de crímenes contra la humanidad representan un imperativo ético y legal, a partir del cual la comunidad internacional ha avanzado gradual y trabajosamente, conquistando nuevos espacios de compromiso y de observancia en su cumplimiento, arrebatando terreno a la impunidad de la que otrora gozaban este tipo de crímenes".
Que: "
La justicia es el principio fundamental que debe inspirar la vida y la conducta de las personas. Constituye por tanto, el primer deber de todo gobierno y de toda actitud política democrática, el garantizar y allanar todos los caminos posibles para su efectiva aplicación.
A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada hace 50 años, distintos tratados y convenciones internacionales suscritos entre los Estados, han consagrado la voluntad de que las violaciones graves, sistemáticas y todos aquellos crímenes de lesa humanidad, sean declarados como imprescriptibles y no amnistiables, preservándose el derecho a establecer las sanciones correspondientes.
En ese sentido, resulta necesario que los responsables de estas graves violaciones a los Derechos Humanos den respuesta a todas aquellas acusaciones que pesan sobre ellos, ante un tribunal legítimo e independiente, con todas las garantías propias del debido proceso".
Para el Frente Amplio:
* Los Derechos Humanos, su promoción y vigencia son responsabilidades insoslayables de la sociedad y el estado para avanzar en el desarrollo.
* El Estado tiene la responsabilidad irrenunciable de garantizar su pleno ejercicio. La alimentación, la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, la seguridad social, la seguridad pública son junto a la libertad, los derechos civiles y la vida, componentes del núcleo irreductible de dichos derechos.
* El programa de gobierno del EP - FA jerarquizará su rescate y desarrollo de una forma integral e inter-relacionada y profundizará las acciones que den equidad a aquellos sectores de la sociedad más relegados: la niñez, la adolescencia, las mujeres y la 3ª. Edad.
* Durante las últimas décadas nuestro país ha venido retrocediendo en el respeto a los derechos humanos, particularmente en el período de la dictadura donde su violación sistemática fue gravísima.
* El Uruguay sufre aún las consecuencias políticas, económicas, sociales, culturales y humanos de ese período.
Los gobiernos colorados y blanco han evitado todo esfuerzo de la sociedad para analizar y corregir dichas violaciones.
* Reafirmamos nuestro compromiso con el rescate de la memoria colectiva sobre la violación de nuestros derechos y la corrección de sus deformaciones.
Resaltamos la importancia de luchar contra la persistencia, tolerancia e impunidad de las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario internacional y adoptar en el marco del gobierno progresista, las medidas más adecuadas para hacer frente a tan importante situación.
* Reafirmamos nuestro compromiso con la demanda de la sociedad uruguaya, de que se cumpla con total objetividad y garantías, con el Artículo 4 de la Ley 15.848. Si esta demanda no fuera resuelta ya, será una tarea prioritaria del futuro gobierno progresista. Cumplir con la ley es un compromiso moral ineludible con la verdad esclareciendo el destino de los detenidos desaparecidos así como la restitución de la identidad de los niños secuestrados y/o nacidos en cautiverio, como un aporte a la rehabilitación y reconciliación de nuestra sociedad.
* Impulsar las medidas posibles y necesarias para que el estado uruguayo cumpla con sus obligaciones emergentes de sus compromisos internacionales.
Nos comprometemos a rescatar la imagen internacional del Uruguay como país respetuoso de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos y del cumplimiento de los compromisos asumidos en relación a los derechos civiles, sociales y políticos.
* Bregaremos para que el Uruguay suscriba la creación de la Corte Penal Internacional y trabajar para su perfeccionamiento y eficacia.
* Bregaremos para que el Uruguay brinde la más amplia cooperación a aquellos procesos judiciales en curso que tiendan a revelar los entretelones de la coordinación represiva (Plan Cóndor, entre otros) y el juicio a los responsables.
3.3.4 ROL Y GESTION DEL ESTADO
3.3.4.1 La transformación progresista
Durante los últimos años, y bajo la pretendida búsqueda de la eficiencia, se han instrumentado importantes modificaciones del aparato estatal que reflejaron fielmente las condicionalidades que los organismos internacionales han impuesto a los países en desarrollo. Así se sucedieron las privatizaciones, las tercerizaciones, las desregulaciones, y otras formas de retiro del Estado de diversas áreas de la actividad con la consecuente disminución del número de funcionarios públicos, disminución que se ha incentivado sin mayor criterio.
Sin desconocer que el Estado uruguayo ha incursionado en áreas donde su presencia ha demostrado ser irrelevante o donde su gestión ha sido ampliamente deficitaria, afirmamos que la dimensión de nuestro Estado -en su conjunto- no es exagerada; existen múltiples pruebas de ello, y la percepción contraria que se puede tener al respecto es el resultado de la mala distribución de sus recursos -humanos y materiales- y de una gestión impregnada de vicios de larga data.
Para encarar la reforma del Estado desde una óptica progresista, debemos considerar el papel central que le adjudicamos para el desarrollo de sus políticas.
Deberá cumplir con las tareas inherentes a su propia esencia con el máximo de eficacia: legislando, administrando justicia, definiendo la política exterior, ejerciendo la defensa nacional y velando por la seguridad ciudadana. Pero en estos cometidos básicos no se agota su rol. Debemos transformarlo en una poderosa palanca de la acción social colectiva, con una obligación ineludible e irrenunciable de promotor del desarrollo nacional, a la vez que creador de las condiciones para que éste beneficie al conjunto de la sociedad. El Estado, asimismo, debe recuperar para sí un papel nivelador de las cada vez más grandes inequidades sociales que se han establecido en el país, y mantener una presencia activa y directa en áreas estratégicas de la economía como la energía y las comunicaciones, los servicios esenciales como por ejemplo: el agua potable.
Las empresas estatales deberán ser fortalecidas buscando mayor eficacia en sus servicios y una mayor eficiencia y competitividad que las consolide como pilares del desarrollo y la soberanía del país. El Estado debe ser un participante activo en la orientación de las actividades económicas, y un actor central en el impulso y articulación -junto a la sociedad civil- de las políticas sociales. Desde el Estado se diseñarán las políticas sectoriales de impulso al desarrollo, con especial atención a las políticas de empleo; desde el Estado se articularán los distintos intereses sectoriales que sustenten el crecimiento.
3.3.4.2 La gestión
Para el cumplimiento de estos objetivos, se debe encarar un amplio plan de mejora de gestión. Si bien la gestión estatal se ha modernizado y avanzado en algunas áreas, se deberá desarrollar un programa modernizador más ambicioso y sobre todo más universal.
Esto implica necesariamente una inversión en recursos tanto humanos como tecnológicos, lo que se hará de acuerdo a los recursos disponibles. Una política distinta de recursos humanos debe comenzar a aplicarse desde los niveles de dirección, ocupándolos con ciudadanos calificados para la tarea, rompiendo el esquema del "premio consuelo" ante el fracaso electoral y el reparto de cargos según lealtades políticas - no a la cuotificación política -. Se deberá estudiar la posibilidad de que los plazos de permanencia en ciertos cargos no se correspondan con los tiempos políticos, y también el impedimento de ser candidato para quien los ocupe, para evitar que la gestión se transforme en un trampolín de lanzamiento pre-electoral.
En el plano de los funcionarios, se deberán mantener los criterios históricos del FA para el ingreso a la función pública (el concurso o sorteo), verdadera salvaguarda democrática para la ciudadanía en su conjunto.
Es necesario definir una política salarial que opere como un verdadero estímulo tanto para el mejoramiento permanente de los recursos humanos como para la retención de los funcionarios calificados, donde la productividad y el rendimiento sea adecuadamente valorado. En la que deberá atenderse especialmente la situación de sectores de salario sumergido. Se deberá asimismo tender a igualar los ingresos para tareas similares. En algunas áreas, no podrá haber una sustancial mejora de la gestión pública sin una mejora de las retribuciones de los funcionarios. Pero también afirmamos, avalados por las experiencias vividas, que tampoco esta mejora - por sí sola- es motor de la mejora de gestión. La administración progresista deberá enfrentar enérgicamente los vicios adquiridos en largos años de falta de motivación y control adecuado dignificar la figura del servidor público.
En otros planos de la gestión, se deberá analizar el resultado obtenido con el pasaje de áreas comerciales al derecho privado, y evaluar a partir de sus resultados las situaciones creadas. Se desarrollará un sostenido esfuerzo dirigido a simplificar y eliminar trabas burocráticas; se buscarán los mecanismos de participación y control de la gestión pública por los interesados (funcionarios y usuarios de los servicios) y se estimulará el relacionamiento estado-sociedad civil, y el trabajo en conjunto de ambos, promover rendiciones de cuentas públicas.
Profundizar y saldar el rol de la fuerza política y su relacionamiento con el Gobierno y temas como el de la tercerizaciones, las concesiones de servicio y las privatizaciones. Promover la modificación de la Ley Orgánica Municipal.
3.3.5 POLÍTICAS DE MEDIO AMBIENTE
El país necesita de una política ambiental global, rigurosa y persistente, coordinada y orientada a lograr un desarrollo sustentable. Se definirá al Uruguay como país libre de actividades de prospección de materiales nucleares, de residuos atómicos y de tránsito de desechos nucleares.
"La protección y el desarrollo de las potencialidades ambientales no solo son una responsabilidad social prioritaria sino que es condición necesaria para la mejora constante de la calidad de vida. Esta perspectiva preside las políticas de desarrollo y las políticas sociales que se plantean.
El Estado, en su función reguladora, deberá establecer los marcos apropiados para que la actividad económica y las tendencias sociales se orienten positivamente en términos ambientales, se deberá basar en la participación activa de la población y el papel central de la educación y la reeducación para el cambio de los comportamientos".
La protección y mejoramiento del ambiente que impulsamos con el EP, tiene por finalidad la defensa de la vida en todas sus formas y la búsqueda de las condiciones que permiten una mejora sostenida de la calidad de vida de la población en armonía con el entorno.
Para ello promovemos otro ambiente que construiremos entre todos:
PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL
Por todo lo antes expresado, la política ambiental que guiará la acción de gobierno del EP, por lo tanto, que será observada en la definición de otras políticas sectoriales (producción, salud, vivienda, educación, energía, ordenamiento territorial, transporte, ciencia y tecnología, etc.) se apoyará en lo siguientes principios:
1) "Es posible compatibilizar el desarrollo económico con la conservación y mejoramiento del medio ambiente".
2) "Los recursos ambientales naturales y culturales constituyen parte vital del patrimonio nacional"
3) "Es imprescindible la participación de la población para alcanzar los objetivos de protección ambiental."
4) "Las causas y consecuencias de los problemas ambientales no reconocen fronteras político administrativas".
3.3.6 SEGURIDAD PÚBLICA
La seguridad ciudadana preocupa en forma creciente a la población; en particular a la de menores recursos, sin posibilidad de protegerse mediante rejas, alarmas, guardias privados, o de atenuar las consecuencias de los delitos a través de seguros o del respaldo económico propio. Más allá del condenable sensacionalismo con que manejan la cuestión algunos medios de comunicación y de la prédica de algunos voceros de la derecha que explotan el tema buscando un mayor control social, debemos reconocer el problema y enfrentarlo, sabiendo que la realidad actual es el resultado de un largo proceso de deterioro social donde confluyen causas económicas, sociales y culturales. No existen recetas mágicas que aseguren soluciones fáciles y rápidas, pero, a partir de una jerarquización de la prevención del delito a través de políticas sociales y económicas que mejoren el salario y el empleo y enfrenten la problemática de la marginalidad y la pobreza, también debemos articular una respuesta de corto plazo, para lo cual debemos impulsar la superación de la gestión policial y una modificación al régimen de sanciones.
El instituto policial deberá ser transformado, dignificando su función, recreando los puentes necesarios entre él y el resto de la sociedad, mejorando sus salarios, combatiendo la corrupción interna, adecuando leyes y reglamentos que lo rigen, dotándolo de equipos adecuados - en especial en armamento y medios de comunicación y transporte-, tecnificando y modernizando métodos de investigación y manteniendo al personal con un nivel de instrucción y entrenamiento superior al actual.
Respecto al régimen de sanciones, se deberá impulsar el régimen de medidas alternativas a la prisión preventiva; se deberá abordar el tema carcelario, quitando las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior, evitando el hacinamiento de los reclusos y promoviendo el estudio y el trabajo de los mismos. Y por último se deberá facilitar la reinserción social del ex-recluso, en particular su reinserción laboral.
ECONOMICO SOCIALES
a) Plan de atención interinstitucional a los ciudadanos en situación de extrema pobreza y de marginalidad.
Analizar y definir transferencias de subsidios y aportes presupuestales o extrapresupuestales a los efectos de:
* atender ausencia o carencia de vivienda y regularizar asentamientos marginales.
* implementar plan de seguridad alimentaria básica.
* fortalecimiento de los espacios de socialización de niños y adolescentes, basado fundamentalmente en el papel del sistema educativo y la educación física.
* elaborar plan de soporte interinstitucional ante el abandono total o parcial y la violencia doméstica.
* asegurar la cobertura de la seguridad social para todos los niños independientemente de la situación laboral de los padres.
b) Dar cumplimiento al Art. 37 de la Ley Nro. 16.707, implementando el funcionamiento de las "comisiones honorarias de promoción de la infancia en situación de riesgo", en cada departamento.
Creación de un fondo para posibilitar su eficaz funcionamiento.
INSTITUTO POLICIAL
a) Creación de una comisión con participación de partidos y de organizaciones vinculadas al quehacer policial que estudie una estructura del instituto policial y formule recomendaciones para la modificación de su Ley Orgánica y los Reglamentos que la rigen. (Carpeta Nro. 148/95, Rep. Nro. 89 CC.RR.)
Entre otras necesidades deberá tener en cuenta:
* Reformular los cometidos del Instituto.
* Dar nuevo destino a tareas que son ajenas a las funciones propiamente dichas.
* Modificar las políticas de ingreso.
* Reestructurar los planes de formación profesional.
* Reformar el Estatuto Policial restableciendo su característica civil limitando la disciplina militar a determinados cuerpos.
* Modificar el régimen de promoción y ascenso.
* Nuevo organigrama orientado por criterio descentralizador del funcionamiento.
* Modificación de la política de recursos utilizando con racionalidad mecanismos presupuestales y extra presupuestales para asegurar ingresos decorosos al funcionario, atender su problemática de vivienda y dignificar su función.
b) Iniciativas a corto plazo:
* Descentralizar el funcionamiento de la dirección de investigaciones creando equipos zonales particularmente en Montevideo y Canelones.
* Extender y dimensionar adecuadamente la actuación de la policía técnica en los procesos de investigación.
* Descentralizar en bases el servicio de radio patrulla en Montevideo.
* Recuperar para la función ejecutiva el máximo de funcionarios de formación policial.
* Rol nacional efectivo para la dirección nacional de prevención del delito.
* Extender la experiencia de comisaría de menores y de la mujer al interior del país.
* Medidas tendientes a modificar la relación entre la policía y la sociedad civil.
* Convertir la fiscalía nacional de policía en un cuerpo especialmente seleccionado que cumpla las funciones del policía interna.
* Regulación legal y reglamentaria de la policía privada.
SISTEMA CARCELARIO
Para avanzar en el cumplimiento del mandato constitucional de perseguir la reeducación, la actitud para el trabajo y la profilaxis del delito de procesados y penados se propone:
a) Aprobar proyecto de Ley de medidas alternativas a la prisión preventiva y de penas alternativas a la reclusión, con media sanción, a consideración del Senado.
b) Tratamiento y aprobación del proyecto "Instituto Nacional de Rehabilitación", por el cual se crea como servicio descentralizado sacando las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior. La inclusión así mismo bajo la órbita del Instituto Nacional de Criminología INACRI.
c) Modificar la Ley reglamentaria del funcionamiento del sistema carcelario, tomando como base la propuesta elaborada por la Comisión Honoraria de mejora del sistema carcelario.
d) Promover y asegurar la posibilidad de trabajo y estudio en las cárceles asegurando protección social a quienes trabajen.
e) Estudiar la aplicación en nuestro país de leyes vigentes en otros estados, en las que por cada tres días de trabajo o estudio de los reclusos se les descuenta un día de pena.
f) Creación del Hospital Penitenciario, priorizando un sector especializado en Psiquiatría.
MEDIDAS COADYUVANTES
a) Habilitar la creación de un pequeño equipo investigativo en cada juzgado penal o fiscalía disponiendo los recursos necesarios.
b) Fortalecimiento de la credibilidad del sistema político e institucional.
* Tratamiento y aprobación de la Asamblea General de la llamada "Ley Cristal".
* Implementar medidas que posibiliten eficacia en la investigación policial y judicial de los delitos llamados de "Cuello blanco" que determina importantes perjuicios económicos para el país y sus habitantes.
c) Defender el poder adquisitivo combatiendo la usura.
* Tratamiento unificación de proyectos y aprobación de "Ley Anti-usura".
* En particular combatir los intereses usurarios de los créditos al consumo que disminuyen de manera significativa el poder adquisitivo de quienes se ven obligados a recurrir a esa modalidad para poder subsistir, deteriorando aún más los ya reducidos ingresos familiares.
d) Defensa y protección de la víctima.
* Medidas de protección de víctimas testigos y denunciantes.
* aprobación del proyecto "Defensoría Nacional de víctimas de la violencia sexual y doméstica", hoy a estudio del Senado con media sanción.
e) Desarrollo de la promoción y prevención en salud mental.
* Creación de una comisión honoraria con el objeto de actualizar el plan nacional de salud mental, de efectuar recomendaciones sobre su puesta en práctica y elaborar proyecto de ley de salud mental (Proyecto de EP en elaboración).
* Atención especial a los fenómenos de Alcoholismo y Drogadicción, de importante incidencia en los problemas de seguridad.
f) Instrumentación de un plan de redimensionamiento de la educación física y el deporte en el Uruguay.
3.3.7 POLITICA EXTERIOR
Redimensionamiento del servicio exterior, aplicando criterios de racionalidad y austeridad, haciendo que cumpla su papel de representación de los intereses de la República y de promoción y búsqueda de mercados para la producción nacional, en el marco de los principios y criterios que se enumeran a continuación.
a) Afirmación de la independencia irrestricta en las decisiones que Uruguay tome como nación.
b) Solidaridad con los pueblos del mundo.
c) Reafirmación permanente del principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Rechazar toda forma de bloqueo económico y comercial ejercida contra países y pueblos. Rechazar el Bloqueo a Cuba.
d) Mantenimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con todos los países.
e) Democratización de los organismos internacionales.
f) Promover la creación de un frente de deudores para encarar el problema de la deuda externa y del intercambio desigual, evitando una política de financiamiento que provoque mayor endeudamiento condicionado. Promover la instalación de una auditoría internacional de la deuda, cuyo estudio determine la legitimidad de sus distintos componentes.
g) Promoción y defensa de los Derechos Humanos en todos los ámbitos internacionales.
h) Decidido impulso en los foros internacionales a favor del combate al "Dumping social". Promover el debate a nivel internacional sobre salario y condiciones de vida dignas y sobre la reducción de la jornada laboral. Promover nuevas modalidades de relacionamiento a nivel social que puedan estimular la justa distribución de los recursos.
i) Se bregará pro la protección al medio ambiente y por las políticas de desarme. Procurar un modelo ecológico y socialmente viable de desarrollo humano sostenible sobre bases de justicia social.
j) Rechazo al Acuerdo Multilateral de Inversiones a consideración de la OCDE y a toda forma de imposición unilateral de condicionamientos comerciales y de inversión.
Derogación inmediata de la Ley de Promoción y Protección de Inversiones aprobada en la presente legislatura y denuncia ante la sociedad nacional y regional acerca de la naturaleza en intenciones de la misma, así como de la necesidad de proteger a nuestras sociedades ante situaciones, que como ésta, configuran un ataque directo a nuestras respectivas soberanías.
k) Lucha por un nuevo orden internacional más justo, reafirmando nuestra clara postura antimperialista.
3.3.8 INTEGRACIÓN REGIONAL
La integración de los pueblos latinoamericanos es un objetivo histórico fundamental.
La inserción del Uruguay en el MERCOSUR ha sido apoyada por el Encuentro Progresista, como parte de una integración más amplia que comprenda a toda Latinoamérica. No obstante reconocemos, junto con los beneficios de un mercado común, las dificultades derivadas de la ausencia de políticas activas, que defiendan los intereses nacionales, en especial los de los trabajadores, así como del predominio regional de una integración en el contexto de políticas neoliberales.
Está en proceso una integración comercial, pero falta una integración productiva, un marco jurídico-institucional adecuado y la coordinación de las políticas macro económicas, así como la revisión y ajuste de los acuerdos sobre Arancel externo común y medidas de defensa de las industrias nacionales, especialmente frente a las prácticas desleales en el comercio internacional.
Se buscará armonizar la legislación laboral de la región, tomando como referencia la que mejor contemple los derechos de los trabajadores.
Se renegociarán los acuerdos de amparo a la producción nacional, buscando acuerdos sectoriales y de complementación productiva que incrementen el impacto positivo sobre el empleo de las corrientes exportadoras. Se promoverá la defensa de la institucionalidad del Mercosur, reivindicando la autoridad de sus organismos y el cumplimiento de sus decisiones.
Se dará especial atención al relacionamiento con el gobierno del estado de Río Grande do Sul recientemente conquistado por el Frente Popular, integrado por partidos de izquierda de Brasil.
El FA entiende que un proceso de integración implica coordinación económica, complementación productiva, intercambio tecnológico, cooperación y proyectos comunes en investigación científica (particularmente en áreas prioritarias de determinadas ramas productivas).
Implica también coordinación y complementación financiera, de política crediticia, de inversión y tributaria, en las áreas de transporte y comunicaciones y en muchas más.
Implica asimismo la integración cultural.
La integración en todos esos aspectos debe estar regida por los principios de cooperación y solidaridad. El patrón rector integrador debe tener como objetivo el desarrollo del conjunto de quienes participan del espacio integrador y no de unas partes en detrimento de otras, sean ellas sectores sociales, regiones o países.
El desarrollo del conjunto integrador debe contemplar a todas y cada una de las partes, de manera que ellas tiendan a la igualdad en el largo plazo.
La simple apertura de las economías con caída de aranceles no solo es insuficiente sino que opera en contradicción con los otros aspectos necesarios de una verdadera integración.
Es preciso reestructurar el funcionamiento y contenido del Mercosur mediante:
1) La priorización de la cooperación y la solidaridad, la complementación tecnológica, productiva, crediticia, etc.
2) En el marco de lo dispuesto por el Tratado del Mercosur el gobierno progresista buscará siempre las mejores condiciones para defender la producción nacional, lo cual puede implicar negociar caso por caso el ajuste de los aranceles intra y extra Mercosur.
3) Reconocer la denominada "condición de país y/o región de menor desarrollo relativo".
4) Establecer cláusulas de salvaguarda contra los abusos del capital extranjero y frente a posibles actos macroeconómicos de países asociados o daños graves sufrido/s por alguno/s de ellos.
5) Impulsar todos los mecanismos posibles de participación de los distintos sectores sociales y económicos de cada país que aseguren un proceso democrático de integración.
6) Elaboración de una estrategia común frente a los nuevos sujetos sociales de los sectores progresistas y de izquierda que sustentan proyectos alternativos. Asumir creativamente nuevas formas de organización frente al fraccionamiento o atomización de las capas explotadas. En suma frente a la globalización del capital impulsoras del neoliberalismo subrayar la necesidad de una globalización de las grandes mayorías explotadas del continente.
Se profundizarán en forma gradual y sostenida las políticas de integración social de los pueblos incorporados al tratado del Mercosur especialmente a la clase obrera y los trabajadores en general propiciando su participación y representación en las instancias de elaboración, comercialización y determinación de estrategias de inversiones productivas, con vigorosas políticas de estado a punto de partida del Ministerio de Trabajo en manos del gobierno del Encuentro Progresista.