a. EDUCACION
MARCO GLOBAL
Para el Frente Amplio la educación constituye un asunto de estado, y en ese sentido se encarara una verdadera transformación que revolucione la educación en el Uruguay, recogiendo el consenso y la participación, tanto en su elaboración como en su implementación, de todos los actores sociales y políticos involucrados - estado, docentes, alumnos y padres -.
El Frente Amplio, como fuerza política popular y participativa, asume el compromiso de promover y tomar como propio el gran proyecto educativo que implícita y explícitamente se ha ido elaborando - a lo largo de los años anteriores - en innumerables discusiones, diagnósticos, documentos, etc., aportados por docentes, padres, alumnos y trabajadores.
Es por esa razón, que este proyecto puede alcanzar un alto grado de consenso social, en la medida que desarrolla cuatro aspectos fundamentales:
A. la vigencia de los principios consagrados en las bases programáticas del Frente Amplio como continuadores de la tradición valeriana.
B. la necesaria profundización de la autonomía y la descentralización en el marco del cogobierno de los involucrados.
C. la concreción de un único sistema de educación que englobe a las instituciones estatales y no estatales, públicas y privadas, de educación formal y no formal, y de todos los niveles educacionales.
D. el enmarque del conjunto del sistema en el desarrollo de una nueva cultura productora, la cual implica el aprender a trabajar pensando y a pensar trabajando.
Los principios consagrados históricamente en las bases programáticas del Frente, en cuanto a laicidad, obligatoriedad, gratuidad, autonomía, participación, asistencialidad, que deben servir de base a la Educación Pública, formarán el núcleo principal de la profunda transformación del sistema que estamos proponiendo, garantizando así el derecho fundamental de los seres humanos a la educación. El Estado deberá ser el responsable principal de la educación permanente de la comunidad; como tal deberá asumir sus compromisos ineludibles en esa área y tendrá como preocupación fundamental que la enseñanza pública en todos sus niveles sea la de más alta calidad y no una enseñanza inferior destinada a los sectores carenciados de la sociedad.
El sistema educativo procurará recuperar el sentido de identidad nacional. Esto exigirá privilegiar lo que significó en la vida del país durante todo este siglo, la alta valoración dada a la enseñanza pública, la misma deberá desarrollarse desde ya, en el marco de una total democratización en sus contenidos, estructura y gestión.
Las transformaciones propuestas, en tanto manifestación y práctica de la vida social, se deberán llevar adelante con el protagonismo del conjunto de la sociedad, especialmente de los docentes y de todos los sectores vinculados a la educación, tomando como referencia la amplia elaboración aportado a lo largo de estos años por los mismos, como expresión superior de verdadera conducta democrática. El gobierno democrático de la enseñanza implicará por un lado una administración cristalina, y por otro, una descentralización del sistema.
MARCO INSTITUCIONAL
Se adecuará el actual ordenamiento institucional para lograr una mejor coordinación de planes de estudios entre los distintos niveles y cursos. La estructura y funcionamiento del sistema se organizará con mecanismos y procedimientos que aseguren articulaciones de gran flexibilidad - tanto horizontal como vertical - de acuerdo a los intereses de los educandos y a la necesidad de respuestas rápidas coyunturales que respondan a la movilidad del campo laboral.
Se creará un Sistema Nacional de Educación (SNE), autónomo, con mecanismos de participación y cogestión a todos los niveles, desde cada centro docente hasta los propios Consejos Directivos. El SNE se coordinará a través de un Consejo Coordinador integrado por representantes de los Consejos Directivos autónomos de cada uno de los niveles o sectores (incluida la Universidad de la República) más un representante del Ministerio de Educación y Cultura.
Los Consejos Directivos y comisiones asesoras, que estos constituyan, se integrarán siguiendo los criterios de más amplia participación. En este sentido se considera la posibilidad de que además de una amplia representación de los docentes, participen representantes de los otros sectores sociales mayormente involucrados en el respectivo nivel educacional, los cuales serán electos directamente por su respectivo orden. Se consideran como posibles actores participantes; los alumnos o sus padres, los egresados del respectivo organismo educacional, los funcionarios no docentes, los gremios obreros o empresariales, etc. La ley de educación establecerá en cada caso qué sector tendrá participación y a qué nivel se concretará la misma: Consejos Directivos o Comisión Asesora.
Sobre la base de ratificación de estos principios se dejan abiertos los caminos de su instrumentación.
El Consejo Coordinador y los Consejos Directivos contarán para su gestión con el asesoramiento de las Asambleas Técnico-Docentes, el cual será preceptivo en temas curriculares y metodológicos.
El actual COCAP, así como los institutos de enseñanza que dependen actualmente del Ministerio de Educación y Cultura o de otros ministerios, pasarán a la órbita del SNE.
Los institutos privados de educación primaria y media obtendrán habilitación sólo para el dictado de los mismos cursos que se impartan en los institutos públicos, con las condiciones, planes y programas y/o modificaciones que el SNE establezca.
Se creará una vasta red de Centros de Asistencia Integral para niños y jóvenes de tres meses a quince años de edad, con la finalidad de atender el problema de los menores cuyos padres trabajan (alimentación, atención médico-odontológica, recreación, educación física, estudios dirigidos, técnicas de estudio, segundo idioma, etc.). El SNE coordinará las actividades y funcionamiento de estos centros con las Intendencias Departamentales, la Dirección de Educación Física, el Instituto Nacional del Menor u otras dependencias sociales que estimen pertinente.
ORIENTACION DE LA EDUCACION
La acción educacional que lleven a cabo los organismos públicos tenderán a desarrollar en los educandos la capacidad para vivir en un mundo cambiante, dinámico, con aceleradas transformaciones culturales (técnicas, ideológicas, políticas), incidiendo en ese mundo con creatividad y responsabilidad, siendo capaces tanto de promover cambios como de resistirlos cuando estos afecten los valores esenciales (aquellos que hacen a la solidaridad, la libertad, la cooperación, el respeto a la individualidad), promoviendo una nueva ética de relacionamento social basada en el respeto a la diversidad cultural, étnica y de género.
El sistema educativo propenderá a eliminar las discriminaciones por razones de raza, género o condición social, para que los resultados sean realmente justos, y no la ampliación de las diferencias iniciales.
Se tenderá a eliminar las diferencias sociales surgidas de preconceptos respecto al valor relativo de lo intelectual y lo manual, enalteciendo el trabajo en tanto actividad creadora de bienes comunes. La educación será integra, considerando al ser humano como una unidad de la que no cabe desglosar la mente del cuerpo: inteligencia, afectividad, destrezas físicas, deben desarrollarse paralela y conjuntamente, estén o no a cargo de educadores distintos. La noción de cultura productora será una guía firme de la enseñanza pública; ella implicará que todos sus educandos aprendan a trabajar pensando y a pensar trabajando, más allá de aquellos que puedan recibir una formación específica en las escuelas técnicas.
Se buscará una mayor integración de los centros educativos a la localidad en que están insertos como forma de aprovechar esta infraestructura para una mejor difusión de actos culturales. Este sentido de pertenencia al instituto y a su medio social, deberá también impulsarse a nivel docente, padres y alumnos, para lo cual se impulsará la creación de mecanismos que posibiliten su participación activa, en el marco de un nuevo relacionamiento, posibilitando su organización, y mejorando sustancialmente las condiciones físicas y ecoambientales de los locales.
Los llamados "problemas disciplinarios" que hoy sancionan los reglamentos de disciplina existente, no solo no son solucionados por los mismos, sino que los agrava.
En cada institución pública los diferentes actores de la comunidad educativa (docentes, funcionarios no docentes, estudiantes-alumnos y padres donde corresponda) procuraran abordar los problemas de convivencia que se planteen a través del fortalecimiento de un tipo de vínculo pedagógico.
Considerando que los jóvenes esperan con urgencia una respuesta del sistema educativo que les permita insertarse rápidamente en el campo laboral, la reforma propuesta será particularmente notable en la educación básica, cuyo objetivo será brindar salida a opciones variadas y flexibles y a diplomas profesionales desde los 16 años, continuada con bloques de perfeccionamiento, de carácter acumulativo, hasta la formación de nivel universitario.
a. La educación inicial: se procurará su universalización a partir de los 3 años, enfatizando en sus valores propios, como factor generador de una personalidad armoniosa, integrada y libre, y no sólo como fase "preparatoria" de la escolarización. El FA cumplirá con la ley que establece la obligatoriedad a partir de los 5 años, propendiendo a la universalización en los 4. Como norma general, el Estado propenderá a garantizar el derecho del niño a recibir educación preescolar, en instituciones de educación inicial públicas a partir de los 3 años. Creando asimismo las instituciones que sean necesarias para la atención profesional de los niños de 0 a 3 años (jardines maternales).
Se buscará la coordinación con instituciones públicas (Intendencias, etc.), así como se brindará apoyo a la familia en su acción educadora.
Deberá ser requisito para el desempeño de tareas docentes en centros de educación inicial, público y privado, el poseer título habilitante de maestro, propendiendo a que sean maestros especializados en educación preescolar quienes desempeñen esas tareas.
b. La educación científico-técnica: se promoverá una educación que integre las habilidades intelectuales y las prácticas tecnológicas, para lograr una sociedad con gran desarrollo científico-técnico, que habilite para integrarse al campo laboral, pero sin convertir la educación en una mera "servidora" del mercado; se enfatizará la formación integral del educando, no como mero "especialista" limitado a una tarea concreta. En la reestructura del sistema se propondrá la constitución de una Universidad Tecnológica que brinde formación científico-técnica a nivel medio-superior.
Se impulsará en el sistema educativo el desarrollo de una política de extensión científico-técnica enmarcándolo en políticas de asesoramiento regional o sectorial que habiliten un mejor desarrollo de las áreas industriales, agroindustriales y de servicios articuladas con las políticas de reconversión productiva y el desarrollo de las cadenas agro-industriales, como parte de una dimensión de la educación rural.
c. La educación no forma: considerando los acelerados cambios sociales y culturales, se promoverán múltiples experiencias de educación no formal que faciliten la permanente actualización de conocimientos por parte de la población: conferencias públicas, talleres, cursillos, centros de documentación accesibles y dinámicos, etc. coordinando el Estado con los medios de comunicación para el mejor cumplimiento de esos fines.
d. La investigación y experimentación educacional será impulsada como forma de sustentar sólidamente la acción educativa, evitando la improvisación en la instrumentación de planes de estudio, metodologías educativas, etc. Las actividades de investigación se coordinarán con las que lleve a cabo la Universidad de la República, asimismo se considerará la sustitución del actual sistema denominado de "micro experiencia".
e. La Universidad de la República: se reafirmará la vigencia de los principios sustanciales de su organización institucional y se brindará apoyo a su desarrollo regional, así como al cumplimiento armónico de sus fines de: formación profesional, investigación, extensión, estudio de los grandes temas nacionales y expresión de su opinión sobre los mismos.
f. El Frente Amplio procurará que los ciudadanos que definan seguir la carrera militar en cualquiera de sus ramas, deberán recibir en el ámbito de la Educación Media la formación civil que brinda la educación pública.
g. La educación física será atendida ampliamente, dejando de considerarlo como u "agregado" a los planes de estudio; en ese sentido se integrará armónicamente a todos los niveles educacionales.
h. La educación especial: se impulsará la reestructura con verdadero sentido integrador, habilitando a las escuelas especiales como centros de recursos, atendiendo al niño o a la persona con capacidades diferentes en su ambiente natural, instrumentando el apoyo familiar, y el apoyo técnico al docente por medio de maestros especializados y quipos interdisciplinarios con los técnicos necesarios para cada caso.
i. La educación artística tanto a nivel formal como no formal, tenderá a desarrollar en el hombre la sensibilidad estética y la actitud crítica en esa área de la cultura. La formación de hombres libres, presupone un desligue en todos los aspectos, incluyendo el que hacer artístico.
j. El Frente Amplio se propone prestar especial atención a la educación de adultos, coordinando todas sus actividades afines a ella, a través de una dependencia especial. La necesidad de esta medida surge de distintas circunstancias:
- es muy importante el número de adultos que - habiendo cumplido en forma incompleta o deficiente el ciclo escolar - no se encuentran capacitados para utilizar las herramientas culturales básicas para una inserción crítica y creativa en la sociedad.
- se requiere desarrollar una capacitación tecnológica en aquellos que -formados en otro momento- necesitan actualizarse en sus conocimientos y habilidades, para no quedar fuera del mundo productivo.
- los cambios acelerados que se producen en el mundo contemporáneo -en el orden político, cultural, económico, etc.- exigen una permanente actualización de las generaciones adultas, en conocimientos y actitudes, al mismo tiempo que un especial cuidado en la preservación de ciertos valores que pueden perderse a consecuencia de aquellas transformaciones: solidaridad, respeto a la individualidad y a los derechos humanos, libertad, justicia social.
k. Educación comunitaria: la educación comunitaria no es un tema nuevo.
A través de la historia, hay muchas y variadas experiencias. Hoy es una necesidad del mundo moderno.
Enrique Pichon Riviére (década del 60) cuya investigación en el área de la psicología social, en el Río de la Plata, es muy rica, nos dice: "Para cada uno de nosotros, "mi mundo", es un mundo que vivo con otros, concibiendo al hombre en una actividad transformadora en la relación dialéctica mutuamente modificada con el mundo, cuyo motor es la necesidad". Esa relación se da en lo social y en la historia individual en una secuencia que se reedita cotidianamente. Del interior de esta trama de relación emergen las necesidades que a su vez originan otras y en el devenir de la vinculación social, tienen como resultante la gratificación o la frustración.
En el mundo moderno, cada sujeto está estereotipado en su acción, el individuo sufre la dispersión del fruto de su tarea y esta frustración se expresa en sus vínculos con la familia y la comunidad. Son el niño y el adolescente los "chivos emisarios" de la situación. Entonces es válido pensar en la necesidad de la educación comunitaria no pensada como una tarea asistencial sino como una actividad sistemática, como un capítulo de la enseñanza pública, como una parte del programa nacional, con sus docentes asignados al trabajo comunitario relacionando el centro educativo del barrio con las organizaciones sociales y comunales, con la familia y la comunidad, pensar la educación comunitaria como una responsabilidad del estado.
Ante estas necesidades emergentes el Frente Amplio se plantea los siguientes objetivos:
a. Llevar a la práctica de la vida cotidiana, la educación social de la enseñanza vareliana, dentro del ámbito de convivencia y fuera del aula, pero en estrecho vínculo con ésta.
b. Desarrollar una convivencia enriquecedora en el medio donde viven.
c. Desarrollar el pensamiento crítico en la práctica de la crítica y la autocrítica constructiva.
d. Desarrollar la creatividad de la construcción y desarrollo de la vida cotidiana.
e. Desarrollar la solidaridad como práctica de la ayuda mutua.
f. Palpar en el espacio vivo y en el tiempo presente las raíces de nuestra identidad americana y nacional en todos los ámbitos de la vida cotidiana.
g. Descubrir los espacios de interés para su introducción en la participación responsable en la sociedad humana.
h. Desarrollar la práctica del ejercicio democrático en las decisiones, resoluciones y creaciones.
i. Lograr que el niño y el joven, se desenvuelvan en el mundo con creatividad, conocimiento y proyección, llevando desde el centro educativo a la práctica de la vida diaria la concreción de la educación en una continuidad cotidiana acorde a las necesidades e inquietudes del medio.
Entendemos que la educación comunitaria, así como la preparación docente en esta área son una necesidad y por tanto, hacemos la propuesta de: discutirla e introducirla en el programa de enseñanza pública dedicando docentes a este programa específico, que debemos elaborar en conjunto sin desperdiciar el cúmulo de experiencias, que sin integrarse a un sistema, se han desarrollado impulsadas por múltiples causas en diferentes tiempos y en distintos lugares.
Creemos que es hora de hacer la síntesis de estas necesidades y experiencias y concretarlas en el programa de educación nacional, porque la educación del pueblo es una responsabilidad del estado, quien debe proporcionar los medios para que se realice.
Mientras dejamos librado a las necesidades particulares de cada lugar, la atención espontánea, caemos en el asistencialismo local.
Para que el hombre, crezca y se desarrolle alimentándose y alimentado la democracia, en el ámbito de la responsabilidad, en el respeto mutuo, debemos educar en la vida cotidiana a continuación del aula.
RECURSOS HUMANOS
Se llevará adelante una política de mejoramiento de los recursos humanos que responda a la necesaria dignificación de la tarea educativa.
En ese sentido, las actividades incluirán tanto al personal docente (maestros, profesores, directores, etc.) como al no docente (funcionarios administrativos, de servicio, etc.) en el entendido que todos ellos tienen responsabilidad sobre la formación de los educandos de su respectiva institución. Por ese motivo se instrumentarán actividades de: formación básica, especialización, actualización de conocimientos, etc. dentro de una óptica de educación permanente de manera de contar siempre con un cuerpo técnico altamente capacitado y actualizado.
Se tenderá a que la formación básica del cuerpo docente se realice a nivel universitario, coordinándose dentro de lo posible con la Universidad de la República. La especialización de los docentes en campos específicos o para niveles de dirección, supervisión, administración, se procurará instrumentarla como nivel de posgrado (maestría o doctorado). Por otra parte todos los docentes tendrán el derecho y la obligación de acceder a una permanente actualización de conocimientos. Una preocupación especial tendrá la situación de aquellos docentes que al momento actual no estén adecuadamente capacitados (posean o no título habilitante) para los cuales se realizarán actividades de perfeccionamiento y actualización tanto en cuanto a metodología pedagógica como en conocimientos específicos de su campo.
RECURSOS ECONOMICOS
La educación pública será atendida de manera prioritaria en el Presupuesto General de Gastos, propendiendo a alcanzar el 27% de dicho presupuesto, o al 4,5% del PBI, de acuerdo a ejemplos internacionales. Estos recursos se destinarán a cubrir adecuadamente las necesidades derivadas de:
* inversión en locales y equipos para cubrir los déficits actuales en esos rubros y para sustentar una expansión del sistema.
* remuneraciones dignas para los funcionarios docentes y no docentes, tendiendo a alcanzar al 50% de la canasta familiar.
* apoyo económico a los educandos que lo necesiten, mediante sistemas de becas, salarios estudiantiles, etc.
* apoyo económico a los docentes para posibilitar su perfeccionamiento.
La provisión suficiente de recursos para la educación será complementada con la racionalización administrativa, evitando la duplicación o superposición de servicios, obteniendo mejores precios en la adquisición de bienes y servicios, etc. Las políticas educativas se resolverán soberanamente, rechazándose todo condicionamiento exterior. En función de esto se aprobarán los financiamientos correspondientes.
LA EDUCACION PRIVADA Y EL ESTADO
Dentro del marco constitucional que establece la libertad de enseñanza (art. 68), los organismos responsables de la educación pública ejercerán un efectivo contralor de las instituciones privadas de enseñanza, tendiendo a que se cumplan en ellos todas las normativas legales, especialmente aquellas que resguardan los derechos del educando, sea éste niño o joven: derecho a un desarrollo libre y saludable, con conciencia social y cívica. Las instituciones privadas no recibirán más subvención por parte del Estado, que la establecida en la Constitución (Art. 69).
Las Instituciones que soliciten habilitación, deberán ajustarse a las normas que establezcan las autoridades educacionales, relativas a programas, planes, etc.
UNIVERSIDAD
Introducción
La importancia relevante adquirida por el conocimiento en las últimas décadas no sólo en la esfera de lo económico sino también en todas las otras esferas socioculturales, está llevando a considerar la sociedad actual como la "sociedad del conocimiento".
La Universidad de la República constituye el ámbito más importante del país donde se genera, transmite, aplica y critica el conocimiento. Debido a ello, está llamada a jugar un papel preponderante en el presente y futuro del Uruguay, al punto que podemos afirmar que mucho de lo que sucede al país estará en función de la situación de esta casa de estudios.
La docencia superior, que ha sido una constante en la historia de las universidades, la investigación científica o la transferencia de estos conocimientos no alcanzan por sí solos para justificar el uso del término Universidad. Deben complementarse con el pensamiento crítico o la crítica del conocimiento, que constituyen aspectos indisolubles de la realidad universitaria.
El Frente Amplio como fuerza política con posibilidades de obtener mayorías en los próximos comicios tiene la responsabilidad de impulsar estrategias de desarrollo y planes de cambio para nuestra Universidad. Nuestro carácter de fuerza de dimensión nacional nos permite - y exige - observar la universidad desde la perspectiva del país, con las necesidades de la gente como objetivo.
Líneas de acción
En la enseñanza universitaria deben priorizarse una serie de líneas de acción, que fortalezcan la Universidad, que hoy como nunca pasa por potenciar su transformación. Proceso éste que no puede desvincularse de toda la problemática de la enseñanza en el país y menos aún de las condiciones socioeconómicas y políticas del mismo.
Como punto de partida debe revalorizarse los principios básicos que sustentan el accionar universitario establecidos en su Ley Orgánica, en especial la autonomía y el cogobierno; sin perjuicio de lo cual será necesario alentar un conjunto de cambios que permitan un mejor cumplimiento de sus fines desde dentro de la propia Universidad.
Por otra parte existe un rol del aparato político que debe reconocer la necesidad de una asignación presupuestal digna, acorde con la importancia de la enseñanza superior, y que hoy está lejos de obtenerse.
El debate en torno a la Universidad se ordena en tres ejes fundamentales:
1. el rol, tamaño y eficiencia del Estado del cual esta institución forma parte.
2. el relacionamiento de la Universidad con el conjunto de sistema de enseñanza del país.
3. la vinculación de la Universidad con el mundo del trabajo y del empleo.
4. relacionamiento con la sociedad uruguaya, continuando con la actual política de cooperación y convenios y concretando ámbitos formales de comunicación e intercambio con todos los sectores.
LA EDUCACION DE LA CULTURA Y LA CULTURA DE LA EDUCACION
Nadie puede enseñar lo que uno mismo no es; por lo tanto, todo proceso de construcción de políticas culturales y/o educativas, no se realizará "desde", sino con los hombres y las mujeres que tendrán en sus manos la dirección de esas políticas; tampoco serán "hacia" sino también con el pueblo, como protagonista de su propia cultura y su propia educación, en trabajos de múltiples direcciones, donde enseñar y aprender , donde fijar políticas culturales y llevarlas adelante, son partes de un mismo acto de ejercicio de la democracia y de desempeño de un Gobierno Popular, como formas del ejercicio del creciente poder del pueblo entre el que nos hallamos todos, con nuestros roles específicos.
1. En el camino hacia un gobierno popular la cultura tiene un horizonte abarcativo mucho más amplio y variado que las concepciones tradicionales que la han limitado a la media docena de las principales manifestaciones artísticas, o recluído a las cuatro paredes de los recintos tradicionales. A su vez, una concepción amplia parte del humilde reconocimiento de muchas formas de manifestaciones culturales y, en modo alguno, incorpora adjetivos tales como "culta" o "popular" que lo único que han hecho ha sido encerrar la cultura o separarla e impedirle abarcar todo el pueblo y todos los espacios. Esta concepción tampoco admite que los "realizadores de cultura" sean un grupo "selecto", sino que, en su misma esencia amplia, reconoce a todos los habitantes del país como productores de cultura y partícipes activos de ella, en diferente medida y diversas modalidades.
La cultura como expresión de lo que hace, dice, siente y piensa nuestro pueblo nos lleva urgentemente a tratar de saber precisamente cómo somos, qué hacemos y sentimos y pensamos, desde Artigas hasta Montevideo, desde Fray Bentos hasta el Chuy. Esas expresiones que hacen a nuestra cultura tienen que ver con nuestros modos de convivencia social, en esa compleja trama de múltiples interrelaciones que forman lo que hoy somos y la sociedad que hoy y tenemos.
Al complejo entramado político, institucional, ideológico, económico, histórico y social, le agregamos, precisamente, el entramado cultural:
* nuestro lenguaje y sus regionalismos (que determinan una sociedad bilingüe, con su español y su portugués fronterizo).
* la historia de las diferentes culturas y su confluencia (negra, criolla, indígena, europea, otras)
* nuestra música, las artes, la danza, el teatro y sus diferentes vectores nuestra literatura oral y escrita, las nuevas expresiones, las tradicionales.
* nuestros hábitos y costumbres gastronómicas, de vestimenta, entretenimientos, deportes, otros.
* nuestras manifestaciones culturales relacionadas con las religiones
* la influencia de la cultura original de nuestro país y sus influencias actuales de otras partes del mundo.
* nuestra cultura de los medios de comunicación
* nuestra capacidad para el ejercicio democrático.
2. Las políticas culturales de un Gobierno Popular deberán partir del reconocimiento de un concepto mucho más amplio de la cultura, ya que es una visión renovada y participativa que le sale al cruce al concepto de cultura de "salón". La falsa contradicción entre intelectuales y pueblo, que durante siglos las ideas dominantes nos han intentado imponer, debe ser motivo de franco debate. Aún el reconocimiento del valor específico que tienen los actores no nos debe llevar a la idea de que es sólo de ellos la labor intelectual ni mucho menos. En todo caso, se trata de la convocatoria de todos los actores sociales para la edificación de los valores que engrandecen la vida y la vuelven más grata, todos como piezas imprescindibles en ese acto multidisciplinario de edificación, que conlleva al respeto de la diversidad. Las políticas culturales deberán estar dirigidas a la creación de espacios democráticos para la real participación de la población en las cuestiones políticas, y a la combinación acertada de la centralización y la descentralización de todas las formas de cultura, en la búsqueda del encuentro entre las personas, las generaciones, las diversas formas culturales, los diferentes orígenes. Esas políticas culturales deberán apuntar a la búsqueda de un ser humano íntegro, empeñado en la defensa de la cultura de la solidaridad, de la creatividad, de la reflexión, y del respeto de las tradiciones y de la defensa de lo nuestro, sin desmedro de la apertura a lo nuevo. En ese sentido, las ideas de agrupaciones cerradas que fraccionan los pueblos deben ser debatidas, poniendo las herramientas al servicio del pueblo y no al revés.
Las expresiones culturales artísticas deberán ser parte del sistema educativo, como un área imprescindible de la educación y no como un compartimento separado del sistema curricular.
Los centros laborales, las fábricas, las oficinas, los centros d estudio, deberán contar también con políticas culturales que vayan desde la sencilla fijación de jornadas para oir una orquesta hasta la conformación de planes culturales donde la misma gente protagonice la realización de esos trabajos y supere la mera consumición pasiva de los productos que le ofrece la industria cultural.
Se elaborará asimismo, una legislación construída desde sus bases por los actores sociales involucrados, que proteja y proyecte la producción cultural en sus principales manifestaciones, creando los mecanismos que aseguren su difusión y promoción (derechos de autor, concesión de ondas, radios comunitarias, espacios cuotificados). Y, a propósito de los derechos de autor, queremos dejar expresamente sentado nuestro rechazo al proyecto de ley que aborda esa temática (actualmente a consideración de la Comisión de Educación y Cultura del Senado), puesto que, en consonancia con otras reformas, ataca las más diversas expresiones culturales del país.
Los barrios y la cultura es otro capítulo imperativo donde ya hemos hecho una experiencia frenteamplista que habrá que procesar con sus virtudes y errores, sus beneficios y carencias. Y no debemos olvidarnos tampoco de las nuevas generaciones de jóvenes artistas, procurando apoyarlos y contrarrestar la ofensiva aculturadora a que son sometidos constantemente.
A la cultura de "hacé la tuya" habrá que oponerle la cultura de "hagamos la de todos", en vez de la cultura de la "competitividad" haremos la cultura de la cooperación eficiente que beneficie a los diversos sectores de la sociedad y los tenga a ellos como protagonista de su propia educación, para una cultura de la participación, de la creatividad y del ejercicio democrático cotidiano.
3. El Gobierno Popular deberá jerarquizar las Casas de Cultura y los Centros Culturales en cada Departamento, fortalecerlas y abrirlas a la comunidad, en una cooperación en ese sentido entre Gobierno central y las Intendencias o Juntas locales.
La posibilidad de crear varias casas y centros, según la concentración de la población, deberá ser también materia de estudio en Montevideo e Interior, buscando un relevamiento exacto de todo lo que ya hay en ese aspecto, a lo largo del país, para un conocimiento concreto de los puntos de partida que tendrán las autoridades de la cultura del Gobierno Popular.
La autofinanciación deberá estar a la orden del día como elemento complementario a los fondos que se destinen del presupuesto nacional, partiendo de una de las características de nuestro pueblo, que es su capacidad para hacer muy grandes las cosas desde la llanura y la sencillez. La autogestión y la cogestión serán dos pilares fundamentales de la política cultural.
La práctica de la libertad, los desafíos de la participación y el ejercicio de las decisiones democráticas irán incorporando la cultura del trazado de nuestro propio destino, aún desde cosas sencillas como las manifestaciones culturales cotidianas. Convertido en propio, en sentido de pertenencia, el tiempo y el espacio de las labores culturales, es una vía de convertir en propio, en sentido de pertenencia, al mismo Gobierno Popular, y esta suerte de delegación del poder es uno de los objetivos principales del gobierno frenteamplista al cual podemos acceder, entre otras cosas, desde políticas culturales que, por encima de todas las cosas, cuenten con el pueblo y su formación cultura actual, sea cual sea, como punto de partida imprescindible, sin el cual no hay gobierno popular.
DEPORTES
Bases doctrinarias
El acceso a la práctica deportiva es un derecho más de todos los ciudadanos y el poder político tiene la responsabilidad de asegurarlo.
Los atributos éticos inherentes al quehacer deportivo y su formidable incidencia en la población, especialmente en los sectores jóvenes, lo conforman como un agente socializante trascendente para preservar valores vitales para la sociedad.
Ocupante privilegiado de esa conquista de la humanidad que es el tiempo libre, se configura como factor relevante para formar hombres y mujeres sanos, aptos para la producción y para la convivencia.
El fenómeno deportivo ha ido ganando en el correr del siglo, mayor espacio en la dinámica social, mereciendo una mayor consideración política en la organización del Estado.
El deporte nacional tuvo un desarrollo precoz y significativo y en su originalidad, ha efectuado un aporte considerable al "ser nacional". Todo proyecto de reestructura y reorientación habrá de respetar esa rica tradición con sus connotaciones particulares.
En su expansión ha generado un importante mercado laboral, que amerita una atención cuidadosa del poder político.
El deporte de competición es un hecho universal, implícito en el acontecer deportivo y por tanto, también una necesidad nacional. Esto no implica suscribir sus deformaciones, ni propuestas inadecuadas a las posibilidades del Uruguay actual.
La competición deportiva puede impulsar y consolidar la integración regional y recibir en reciprocidad, nuevas vías e instrumentos para el desarrollo deportivo nacional.
En este marco, y por la significación en el ofrecimiento turístico, se impone un mejoramiento y optimización de ciertos servicios deportivo.
El Frente Amplio procurará a través de un Plan Nacional, el desarrollo del deporte educación, del deporte competición y del deporte salud-recreo.
PAUTAS PROGRAMATICAS
De los aspectos institucionales.
Jerarquizar al Organismo Rector del Deporte (actualmente CNEF) otorgándole mayor status en la estructura política del Estado, acorde con la significación actual del movimiento deportivo.
Legislar a tales efectos instituyendo un Organismo descentralizado: Consejo Nacional del Deporte (CND), cuyas responsabilidades y competencias se ajustarán a una realidad distinta a las del año 1911, en que se creara la CNEF:
Los cometidos del CND serán:
* Promover, difundir y posibilitar la práctica deportiva de todos los ciudadanos.
* Formular planes de desarrollo y políticas deportivas a nivel del deporte educación, deporte salud-recreo y deporte competición.
* Fijar criterios de distribución de los recursos que el Estado asigne al movimiento deportivo.
* Instituir la investigación en el área social, histórica, pedagógica y científica del hecho deportivo, así como el archivo de información, documentación y bibliografía, e instrumentar su divulgación.
* Coordinar los esfuerzos que desde múltiples sectores contribuyen al movimiento deportivo, especialmente los gobiernos departamentales y las instituciones de enseñanza.
* Controlar el cumplimiento en los objetivos, funciones y reglamentaciones de las distintas instituciones con compromiso en el movimiento deportivo, cualquiera sea su naturaleza.
* Velar por la imagen nacional en todos los casos en que delegaciones deportivas representen a nuestro país en eventos internacionales.
* Transferir, progresivamente las actuales funciones operativas (docencia directa) de la CNEF a las instituciones específicas, desarticulando su histórico centralismo, abordándose formas descentralizadas de gestión, en concordancia con la propuesta nacional del Frente Amplio.
De los recursos económicos
* Racionalizar la inversión del Estado en función de la situación del país y las necesidades de la población, respondiendo a planes y políticas deportivas nacionales, hoy inexistentes, y a prioridades claramente definidas.
* Consecuentemente, reorientar los recursos hacia las actividades de mayor arraigo, priorizando zonas y sectores más carenciados.
* Estimular y normatizar la "sponsorización", de modo de reorientar y potencializar aquellas inversiones que se concilien con las políticas nacionales del deporte y los intereses de la comunidad.
* Favorecer procesos autogestionarios y cogestionarios en la promoción y organización de deporte que disminuyan el esfuerzo económico del Estado y lo aseguren.
* Los recursos obtenidos por sistemas de apuestas se destinarán, fundamentalmente, al deporte de base, en el entendido que esa orientación comprende, en buena medida el deporte educación, el deporte competición y el deporte comunitario.
De la infraestructura
* Procurar el reciclaje de la infraestructura ya existente, actualizándola hacia nuevos requerimientos y optimizar su uso.
* Prever que las nuevas inversiones en infraestructura apunten al PLAN NACIONAL, priorizándose, en los proyectos, el deporte práctica al deporte espectáculo, salvo requerimientos puntuales.
* Apelar en todos los proyectos de reciclaje y construcción de nuevas instalaciones, a los esfuerzos autogestionarios y cogestionarios, que atenúen la inversión estatal y aseguren el cuidado y mantenimiento de esas instalaciones, priorizando las zonas más desprovistas y los sectores más carenciados.
* Disponer un sistema de asesoramiento en materia de instalaciones y equipamiento que apunten a ofrecer soluciones de bajo costo.
De los recursos humanos
* Intensificar la formación y perfeccionamiento de Recursos Humanos para atender necesidades del deporte educación, del deporte competición y del deporte salud-recreo.
* Ajustar esa formación a los objetivos sustentados en el PLAN NACIONAL, delineando los distintos perfiles, en correspondiencia con la diversidad de especificidades.
* Alentar la participación en algún nivel de la gestión, del voluntariado deportivo, de expresión básicamente autogestionaria.
De los Planes y Programas
* Formular un PLAN NACIONAL de desarrollo deportivo, en sus tres vertientes, respetando aquellas expresiones del movimiento deportivo que deben transitar por históricas y necesarias autonomías.
* Privilegiar a aquellos programas, en las distintas áreas que hacen al movimiento deportivo, que estén en concordancia con los objetivos y estrategias del PLAN NACIONAL, que deben apuntar a la Educación Física Permanente.
* Crear un Departamento de Planeamiento en el ámbito del C.N.D. para atender los requerimientos del PLAN NACIONAL y de las instituciones que así lo soliciten.
b. SALUD
Se aprueba el documento elaborado por la Unidad de Salud del Frente Amplio. El mismo recoge y profundiza los documentos de los Congresos de los años 94 y 96. La meta esencial en Salud es asegurar el derecho a la atención de la salud de toda la población.
La estrategia de Atención Primaria de la Salud será el eje del sistema.
Concretaremos y profundizaremos la coordinación entre todas las instituciones públicas y privadas comenzando por el primer nivel.
Se incrementarán los recursos para la Salud Pública, junto con la racionalización de los gastos con la finalidad de mejorar la calidad de la atención.
Como medida de transparencia se implementará el concurso para el acceso a los cargos técnicos y administrativos en el Ministerio de Salud Pública.
Se implementará de inmediato un convenio marco de coordinación en el primer nivel con efectores públicos y privados, sin perjuicio de su implementación futura en los restantes niveles.
Se propone la incorporación de usuarios y trabajadores en la conducción de las instituciones de atención medica colectivizada.
Se facilitará el acceso a la atención mediante la disminución a eliminación de los tickets y ordenes en el sistema privado para favorecer el ingreso al sistema de atención integral de la población.
El modelo será igualitario e incluirá la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación poniendo énfasis en la educación sanitaria.
El fortalecimiento institucional del Ministerio de Salud Pública incluirá la reorganización administrativa, fortalecimiento de la red hospitalaria y del resto de los servicios integrados por los Centros de Salud y las policlínicas barriales.
Se asegurará en forma permanente el correcto funcionamiento del Hospital de Clínicas en la atención, docencia e investigación en el marco de la Universidad e integrado al Plan Nacional de Salud como ente de referencia y testigo.
Esta política se financiará según los criterios de justicia social y solidaridad que sostiene el FA en el área económica. Las decisiones se procesarán mediante negociación con los agentes del sector.
La participación comunitaria será el principio sustentador de la propuesta del FA.
Los valores morales y la transparencia de la gestión se apoyará en las bases éticas incluidas en los lineamientos éticos-funcionales del FA (año 1990).
Se hará una cuidadosa selección de las nuevas tecnologías en salud de acuerdo a una evaluación de las prioridades en la atención, contemplando su regionalización nacional, con seguimiento, controles, auditorías y evaluaciones de resultados para su uso racional.
Se delineara una política nacional del medicamento que defina un listado de fármacos esenciales cuyo acceso debe garantizarse a toda la población.
ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD
* PROPUESTAS
1. Para el Frente Amplio el desarrollo de una estrategia de Atención Primaria se diferencia profundamente de concepciones que consideran la Atención Primaria como una medicina para pobres, de baja calidad, y como una política paternalista del Estado. El corazón de la propuesta frenteamplista es la participación popular en la gestión de salud y es coherente con su proyecto más global de democratización intensa del país.
Para eso hoy se trata de impulsar pasos concretos que obliguen a definirse a los distintos actores y generen hechos políticos favorables a la estrategia planteada.
2. Una estrategia de Atención Primaria debe abarcar todos los niveles de atención pero un paso decisivo hoy es instrumentar un sistema de atención de primer nivel que desarrolle la prevención, promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la población así como la educación para la salud.
Sólo comenzando a andar en esa dirección y potenciando a los protagonistas del mismo, podemos aspirar a un cambio profundo en la salud de nuestro país.
3. Es fundamental la participación de la comunidad mediante diversas formas de organización democrática, en la decisión y la implementación de los planes de atención zonal. Deberán definirse las competencias del Servicio y de las comisiones de apoyo.
4. En las IAMC debe ampliarse la participación de usuarios y trabajadores, destacando la salud como un derecho a ejercer más que como el resultado de la aplicación de un conjunto de técnicos. Todo cambio en el actual sistema sanitario debe asegurar la atención de toda la población sin distinciones, en forma igualitaria, integral, continua, oportuna y suficiente, y debe incluir a la comunidad usuaria en la gestión de salud.
5. Contrariamente a las concepciones que ponen a las leyes del mercado como normas indiscutidas por encima de todo valor ideológico, con una pretendida asepsia tecnocrática, para el Frente Amplio el cambio en salud tiene un profundo sentido ético. Desde la reivindicación del humanismo y del espíritu solidario a la concepción de la salud como un derecho a conquistar y ejercer, son principios éticos que están en la base de nuestro accionar político en la salud.
6. La aplicación de la estrategia de Atención Primaria de la Salud es el pilar de las propuestas de atención integral de la salud.
PROPUESTAS INMEDIATAS
1. Nuestra acción se concentrará en el desarrollo de la atención a la salud en el primer nivel, coordinando todos los efectores públicos y privados, aprovechando la infraestructura existente, en el marco de un plan nacional de atención primaria, instrumentado a través de un CONVENIO MARCO entre las Intendencias Municipales, el Mutualismo, el MSP, el BPS, Banco de Seguros y otros servicios públicos y organizaciones no gubernamentales. Deberá establecerse el equipo básico de atención para encarar esta tarea. Se asegurará de esta forma una atención en el primer nivel que cubra a toda la población.
2. Se creará una Junta Nacional Coordinadora de la Salud, que tendrá como función coordinar, controlar y evaluar los esfuerzos y las acciones conjuntas de los sectores públicos y privados en atención primaria. Estará integrada por delegados del MSP (que la presidirá), de la Universidad de la República, de las Intendencias, del Sindicato Médico del Uruguay, de la Federación Médica del Interior, delegados de la Federación Uruguaya de la Salud y de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, de las Mutualistas y de los Usuarios. Podrá organizarse a los efectos, en sub comisiones departamentales para una mejor ejecución de la tarea.
3. Se creará una Comisión de Etica y Calidad de la Atención Médica (funcionando en red) en las distintas instituciones. Las mismas tendrán a su cargo la evaluación de la atención de la salud, en los aspectos éticos, funcionamiento humano y técnico-científico.
4. Las distintas instituciones nombrarán Comisiones de Educación Médica Continua, comprendiendo los distintos aspectos de integralidad de acciones en la salud, las que deberán coordinar su tarea con la Comisión Nacional de Educación Médica Continua que actúa vinculada a la Universidad (área Salud).
5. Se creará el Fondo Nacional de Atención Primaria que respalde y viabilice un fuerte impulso a la Atención Primaria centrada inicialmente en un sistema de atención de primer nivel. Los recursos para este Fondo podrán provenir, entre otras fuentes, de gravámenes sobre la importación, producción, comercialización y consumo de elementos nocivos para la salud y artículos suntuarios.
6. Las políticas sociales intersectoriales de alimentación, vivienda, educación, recreación, saneamiento, medio ambiente (físico, biológico y social) se enfocarán y coordinarán de modo que contribuyan a una mejor calidad de vida que impactarán notoriamente el perfil de la salud en el país.
7. Coordinación, reglamentación y redistribución nacional de los servicios de urgencia y emergencia, móviles y de centros hospitalarios, públicos y privados en apoyo del plan nacional de atención primaria. Esto supone evitar la superposición de servicios, favorecer el acceso a ellos procurando asegurar la fuente de trabajo.
8. Asignación a cada policlínica de un centro hospitalario de referencia si no lo tuviere (el mutualismo utilizará sus propios centros). Tender a mejorar la actual infraestructura hospitalaria, buscando un nivel lo más homogéneo posible, también en cuanto a tecnología y RR.HH.
9. Buscar formas de racionalizar el uso de camas hospitalarias y de CTI, en base a normativas y protocolización de la atención.
10. Se creará una Junta Nacional de Tecnología que tendrá como fin proponer la política general de adquisición y funcionamiento de la misma referente a las diversas tecnologías (selección, adquisición, distribución y usos, etc.)
11. En el caso del sector público es imperioso un aumento de los recursos presupuestales que permita la dignificación de la remuneración de los equipos de salud así como el desarrollo y mejoramiento de la estructura básica.
12. Será necesario prever la conformación de un Vademécum básico.
13. Promover medidas para solucionar el problema del mutualismo, atacando las causas de la crisis y también buscando medidas inmediatas que atiendan a la emergencia planteada.
a) Promover el desarrollo de políticas de atención primaria en el mutualismo coordinadas con las definidas por Salud Pública y las Intendencias Municipales, siendo obligatoria la dedicación a este nivel, de una parte importante de la cuota establecida actualmente para inversiones.
b) Reducir progresiva y sustancialmente el costo de órdenes y tiquets de medicamentos esenciales para la atención primaria.
c) Promover controles y auditorías de gestión en el mutualismo para buscar economías saneadas en su funcionamiento. Controlar el gasto médico en particular el dependiente de las actividades médico-quirúrgicas. Sustituir el sistema de remuneración por acto médico mediante un salario digno y adecuado en el conjunto del sistema mutual, desetimulando el multiempleo. Racionalizar la organización y utilización de los recursos humanos procurando la máxima eficiencia en función del objetivo de la atención universal, adecuada y suficiente.
d) Regular y limitar la propaganda pública de las Instituciones de Salud, reorientando esos recursos hacia el mejoramiento de la atención.
e) Estimular las transformaciones de la atención, gestión y racionalización de los recursos y contención de gastos, mediante medidas económicas y financieras que se determinarán en cada caso.
f) Reducción del drenaje de recursos con propósitos fiscales, disminuyendo sustancialmente el IVA para los insumos del sistema. Ampliar el pago de la cuota de DISSE hasta un 95% de la cuota mutual.
g) Reglamentación de servicios de emergencia y seguros parciales, así como los servicios sanatoriales y CTI privados.
h) Compartir la tecnología en forma racional, evitando superposición, inversiones innecesarias y abaratando los costos.
14. Se creará un Convenio Marco de coordinación del PRIMER NIVEL DE ATENCION entre los efectores públicos y privados, con participación de los usuarios a través de las comisiones de salud. Este convenio asegurará un sistema en red de cobertura compartida de la atención de primer nivel con base territorial, con independencia de la cobertura de pertenencia garantizando la accesibilidad más amplia a dichos servicios. Esta red sanitaria tomará como base estructuras de descentralización y participación comunitarias públicas y privadas.
15. Un porcentaje importante de la cuota mutual, establecido legalmente para inversiones en infraestructura debe orientarse al desarrollo de la atención primaria. El Fondo Nacional para la Atención Primaria también debe colaborar en la viabilización de este convenio como paso hacia los sistemas locales de Salud.
16. Deberá promoverse la constitución de un sistema informático de identificación de los usuarios de este nivel.
17. En el marco de este convenio tanto el mutualismo como Salud Pública y las Intendencias Municipales encararán atención ambulatoria a demanda, estableciendo aranceles para realizar las compensaciones interinstitucionales que correspondan.
Se deberán desarrollar acciones programadas por el equipo de Atención Primaria sobre la base de un plan zonal elaborado en conjunto con la comunidad a través de las Comisiones de Salud, los Consejos Vecinales, etc.
La prevención de las enfermedades a través del mantenimiento y mejoramiento de la calidad de vida de la población será uno de los ejes de su labor.
18. Se considera imprescindible la participación comunitaria y de los trabajadores en la elaboración de las políticas de salud y en los procesos de gestion de las mismas. Las acciones de salud en el trabajo se reglamentarán a la luz del convenio 161 de la OIT sobr servicios de salud en el trabajo.
EFECTORES DE LA SALUD
* PROPUESTAS
CRITERIOS GENERALES DEL CONVENIO PARA EL PRIMER NIVEL DE ATENCION
El objetivo es crear un sistema de cobertura sanitaria en el Primer Nivel de Atención que asegure el acceso de toda la población sobre la base de la coordinación de los efectores públicos y privados, con una estrategia de Atención Primaria en Salud.
Este convenio estructura un sistema en red de cobertura compartida entre los distintos efectores de salud, tomando como base estructuras de descentralización y participación comunitarias públicas y privadas.
Este sistema debe asegurar un servicio accesible, oportuno, de buena calidad, con un enfoque integral, eficaz en la resolución (servicios de apoyo) y eficaz en la derivación
(buena coordinación con otros niveles de atención).
Es un objetivo importante de esta propuesta el impulso de un modelo de atención integral que ponga el énfasis en la promoción y prevención de Salud, así como en la participación vecinal en la planificación zonal, en la coordinación y evaluación de las acciones que se emprendan.
También es una meta de este Convenio la creación de un sistema de información de referencia zonal que actualice las variables demo-epidemiológicas más relevantes y las referencie geográficamente, a efectos de evaluar continuamente la pertinencia de acciones a promover a nivel local.
Los criterios generales sobre los que se articulará el Convenio Marco son:
1. Cada efector mantiene su identidad propia pero se obligan a actuar coordinadamente a nivel departamental y en cada una de las zonas de Montevideo.
Se crea una Junta Nacional Coordinadora de Atención Primaria en Salud, dependiente del MSP, que tendrá como función coordinar, controlar y evaluar los esfuerzos y las acciones conjuntas de los sectores públicos y privados en el marco de una estrategia de Atención Primaria con énfasis en la Atención de Primer Nivel. Estará integrada por delegados del MSP (que la presidirá), de la Universidad, de las Intendencias, de las IAMC, del SMU, FEMI, FUS, FFSP y de los Usuarios. Esta Junta tendrá entre sus cometidos la administración del Fondo Nacional de Atención Primaria.
Se crearán asimismo Juntas Coordinadoras Departamentales para el cumplimiento de los cometidos mencionados en el ámbito de cada departamento. A nivel zonal se creará un Plenario Coordinador Zonal de Salud integrado por todos los efectores de la zona.
2. Dicha coordinación se realizará sobre la base de una organización departamental y zonal, tomando como eje los Centros de Salud del MSP, articulando las policlínicas municipales, comunitarias o mutuales así como consultorios colectivos, médicos de familia y otros servicios estatales, etc. en una cobertura barrial planificada.
Será necesaria una redefinición de áreas de cobertura de los distintos Centros y Policlínicas, para asegurar el carácter Universal de la asistencia, y hacerlo de la forma más eficiente.
3. La coordinación se basará en un sistema de convenios realizados en el marco del Convenio general que preverán aranceles para cada servicio, y sistemas de cuentas corrientes donde cada institución puede compensar con otros servicios aquellos que recibe, promoviendo el uso compartido y eficiente de la infraestructura. Dichos convenios que establecerán las formas de articulación de las distintas instancias deberán negociarse entre los efectores de Salud en un plazo no mayor a un año.
En la gestación de nuevos servicios se procurarán formas integradas de organización y funcionamiento entre las distintas instituciones.
4. La coordinación de los efectores públicos será un primer paso para el que deberán tenerse en cuenta los recursos de MSP y las Intendencias, así como los servicios de Salud del BPS, del Bco de Seguros, de las FFAA, de la Policía, de otros Entes Estatales y la Universidad.
En primer lugar será necesario corregir la actual descoordinación existente dentro mismo del MSP subordinando e integrando todas las estructuras que actúan en el primer nivel de atención. En particular los médicos de familia dentro de esa estructura única, deberán tener el vínculo administrativo desde la Unidad de Medicina Fliar y el vínculo sanitario desde el Centro de Salud respectivo y la estructura central que los nuclee.
En esa coordinación inicial de efectores públicos se tendrán en cuenta especialmente la conformación o el fortalecimiento de los servicios de apoyo a la atención de Primer Nivel tanto en Laboratorio como en Imagenología. En ese sentido es necesario por ej. un aumento significativo de los recursos del Labo-ratorio del H.Filtro duplicando su capacidad actual, la creación de un "clearing" de medicamentos etc.
Mas allá del funcionamiento inmediato de este primer paso, es imprescindible una readecuación de los recursos para cumplir con los objetivos trazados. De los 10 Centros de Salud que existen en Montevideo solo cuatro (Cerro, Piedras Blancas, Jardines del Hipódromo y Cruz de Carrasco) están en condiciones de cumplir el rol de articulador del sistema local, sin que esto signifique que se deban reproducir los mismos servicios en cada uno de ellos.
5. La coordinación será voluntaria para las instituciones privadas generándose una serie de beneficios para quienes se integren al Convenio Marco tal como se señala en las propuestas inmediatas del documento aprobado en el Congreso del FA. A quienes participen en este convenio se les reducirá sustancialmente el IVA que aportan por sus insumos. También se aumentará el pago de la cuota de DISSE hasta un 95 % de la cuota mutual. Asimismo se estimulará el desarrollo de políticas de Atención Primaria por parte del Mutualismo, mediante medidas económicas y financieras que se determinarán en cada caso, con las auditorías y controles necesarios.
El horizonte debe quedar fijado hacia una coordinación obligatoria de todos los efectores en un plazo razonable (5 años por ej.). De esta forma todos los efectores tienen un espacio para readecuar su estructura y su accionar a la priorización central de la Atención Primaria.
6. La participación protagónica de la comunidad será un principio fundamental del sistema de atención de 1er nivel, desde el nivel zonal, al plano dptal y nacional. Especial relevancia deben tener los organismos de participación popular que surgen de los procesos de descentralización. Dichas organizaciones junto con el Plenario Coordinador Zonal de Salud tendrán a su cargo la promoción e instrumentación de la participación vecinal más amplia en la definición de los Planes zonales de Salud, su evaluación y contralor.
7. El Plenario Coordinador Zonal de Salud, integrado por todos los efectores actuantes en la zona, será responsable de la ejecución de los Planes zonales, coordinando la labor de los diversos efectores, promoviendo acciones y programas específicos. Existen experiencias positivas en este sentido en Montevideo, en zonas como el CCZ 13, 17, 18,y en departamentos como Florida, etc.
A nivel de las policlínicas u otras instancias que se formen se tomará el ejemplo de la descentralización en Montevideo asumiendo las organizaciones sociales de la zona una participación fundamental en su funcionamiento.
8. En cada zona y dependiendo del Plenario Coordinador Zonal de Salud se conformará un Equipo Coordinador multidisciplinario de salud presidido por el Director del Centro de Salud del MSP. Dicho equipo llevará adelante la coordinación operativa de los distintos servicios para el cumplimiento de los planes zonales definidos. Para ello deberá contar con el apoyo administrativo e infraestructural mínimo necesario.
9. Se creará un Fondo Nacional de APS dependiente de la Junta Coordinadora de la Salud, que respalde y viabilice un fuerte impulso de la Atención Primaria con énfasis en el 1er nivel de Atención. El Fondo Nal de APS será un factor decisivo en la estructuración del Sistema de Atención de 1er. nivel, en la medida que concentrará los recursos imprescindibles para:
a) Proveer los recursos que no posean los distintos efectores tanto humanos como materiales para la organización de la atención en cada Dpto. o zona.
b) Promover programas y campañas centrales que permitan avanzar sustancialmente hacia las metas definidas en el Plan de Atención Primaria.
c) El Fondo de APS se integrará:
- gravámenes sobre la importación, producción, comercialización y consumo de elementos nocivos para la salud y artículos suntuarios.
- % de cuota mutual
- Asignación presupuestal nacional
- Asignación presupuestal municipal
- % sobre propaganda de medicamentos
Las IAMC podrán descontar hasta un 30 % de sus aportes al Fondo de APS si dedican dichos recursos al desarrollo de Atención Primaria.
10. Es de gran importancia la conformación de un sistema de información, que incluyen la base de datos de usuarios, historias clínicas y un registro de actividades adecuado.
Se instrumentará en primer lugar un Carné de Asistencia donde se lleven los datos básicos necesarios, las consultas y estudios realizados, internaciones, etc. obligatorio para todos los usuarios. En el mismo sentido se implementará una historia clínica sencilla, fácilmente llenable, legible y procesable, centrada en los problemas de salud del paciente, mas que en un esquema cronológico.
11. Un sistema informático de datos demográficos y epidemiológicos es una herramienta fundamental para llevar adelante las políticas de Atención Primaria. Debe basarse en un módulo básico de información zonal común establecido a nivel nacional.
12. Control de Calidad de la asistencia, evaluando continuidad, accesibilidad e integralidad de la misma.
13. Programas de Atención prioritarios. Además de la demanda requerida de atención se promoverá una acción con hondo contenido preventivo sobre el conjunto de las necesidades de salud de la población. Estos programas podrían ordenarse en:
ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN:
- Control periódico del niño sano
- Control de la embarazada y la puérpera
- Programas integrales de atención a la mujer (incluyendo planificación familiar)
- Control de preescolares y escolares
- Control de liceales
- Programas de atención al adolescente.
- Control de adultos.
- Control de enfermedades de transmisión sexual.
- Acción contra los factores de riesgo: alcohol, tabaco, otras drogas, hábitos de alimentación inadecuados, estrés, accidentes de tránsito
ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y DE SEGUIMIENTO A GRUPOS DE RIESGO
- Control programado de enfermos crónicos: hipertensión, cardiopatías, afecciones respiratorias, diabetes, obesidad, etc.
- Atención a la tercera edad.
- Actividades de rehabilitación basada en la comunidad.
PROGRAMAS DE CONTROL EPIDEMIOLOGICO Y MEDIO AMBIENTE
- Actividades de ubicación y control de riesgos ambientales.
- Vigilancia epidemiológica
- Salud Laboral
14. Coordinación, reglamentación y redistribución nacional de los servicios de Urgencia y Emergencia con una articulación zonal de recursos y coberturas es un objetivo inmediato en particular de la organización del sistema de atención de primer nivel y en apoyo al plan de atención primaria.
MEDICAMENTOS
* PROPUESTAS
1. Se considera de la mayor urgencia definir un Listado de Fármacos esenciales (o prioritarios), a partir del Listado de la O.M.S., ajustados a las necesidades de nuestro País.
Este Listado no sustituye a ninguno de los productos existentes en el mercado nacional actual, pero habrá de tender, a mediano plazo, a abastecer las necesidades de Servicios Estatales (Entes, Municipios, M.S.P., etc.). Estas acciones tienen por objetivo poner los medicamentos al alcance de toda persona que lo necesite, en el momento oportuno, en el lugar adecuado, en las presentaciones y cantidades necesarias
Su producción y distribución se apoyará en las estructuras actuales y/o en otras de eventual creación. En el largo plazo, ese listado -en permanente actualización- podrá incorporarse al Mercado nacional, participando de la venta a farmacias, IAMCs, etc.
2. Dentro de ese listado prioritario, y durante su implementación, tendrán preponderancia los fármacos destinados a afecciones (Patologías) crónicas, que se dispensarán en envases adecuados para un eficaz seguimiento por parte del técnico tratante. Y sin perjuicio de que tal modalidad sea implementada, en el menor tiempo posible, en afecciones agudas, consultas del Primer Nivel de A.P.S., etc.
3. Creemos necesario estudiar la implementación de ticket diferencial para los medicamentos (en el ámbito mutual) a utilizar en las consultas de Primer Nivel de A.P.S., en consultas de agudos y en las patologías crónicas de interés social.
4. Se considera de interés, en el marco de la estrategia Preventiva-Asistencial a que se aspira, ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD, protocolizar los tratamientos farmacológicos de aquellas patologías detectables en el Primer Nivel.
5. Se sugiere tomar conocimiento, y actualizarlo permanentemente, el Listado de Fármacos prohibidos por O.M.S. y actuar en consecuencia.
Asimismo, reforzar las estructuras de Control de Registro (drogas, indicaciones, fármacos perimidos, etc.).
6. En cuanto a fármacos o asociaciones, a granel o como producto terminado, importando (sea o no desde el MERCOSUR) deberá poseer certificación expresa que garantice el cumplimiento de normativas referidas a Control de Calidad, leyes sociales y laborales, como forma de garantizar una leal competencia y plena seguridad para quien la utilice.
7. Se valora como oportuno y necesario estudiar la factibilidad de instalar un Laboratorio farmacéutico cuyas premisas, sintéticamente expresadas, habrían de ser:
a. Propiedad Estatal, pero no perteneciente al M.S.P. ni a ASSE
b. Gerenciamiento empresarial, independiente del ámbito político, salvo en su fiscalización (según Derecho vigente)
c. Ingreso de personal, en todos sus niveles, por concurso o por sorteo (según las funciones), sin ninguna injerencia partidista.
d. Integrado a la Industria Farmacéutica Nacional, para abastecer a todas aquellas instituciones, estatales o privadas mediante los mecanismos de uso corriente en esta rama de la actividad industrial.
e. Para garantizar su presencia y permanencia habrá de abastecer (como excepción a lo señalado en el párrafo anterior) en un porcentaje a determinar (en el estudio de factibiliad) del consumo de las Instituciones estatales de carácter asistencial
f. Su aprovisionamiento de materias primas y demás insumos, en plaza o en proveedores del exterior, lo habilitará para participar en licitaciones, concurrencia de precios u otros mecanismos de venta masiva
g. Requisito para importación de drogas, será el Certificado de comercialización en el país de origen, así como también la actualización de aquellas en los listados de drogas permitidas.
h. En su carácter de Empresa con expectativas de rentabilidad positiva, se preverá su aporte a:
* apoyo financiero al reforzamiento de la estrategia A.P.S.
* estímulo a trabajos científicos originales, en el área SALUD, encarados por investigadores locales.
* becas de mejoramiento técnico-profesional también en el área SALUD
P.D.: La presente enumeración de ítems que conforman estas propuestas no pretenden un carácter taxativo. En sus previsibles próximas discusiones, aspiramos a su enriquecimiento.
NUEVAS TECNOLOGIAS EN SALUD (NTS)
* PROPUESTAS
* Se debe hacer una cuidadosa selección de NTS, evaluando de acuerdo a parámetros nacionales, regionales e internacionales los costos, el impacto en la salud de la población, en el medio ambiente y en las relaciones sociales. Las NTS se incorporarán sujetas a prueba, toda la tecnología estará en permanente y evaluación.
* Toda incorporación de NTS se hará de acuerdo a una evaluación de las prioridades en la atención de salud, que hará gran énfasis en la APS.
* Se partirá de una regionalización del país. Esto permitirá una mejor accesibilidad geográfica de la población a la tecnología, evitando la centralización excesiva capitalina.
* Se realizará un pull de tecnologías para que instituciones de menos tamaño puedan acceder a las mismas. Estos pull se basarán en la compra colectiva, con capitales privados, públicos o mixtos.
* El MSP, en colaboración con la Facultad de Medicina normatizarán y protocolizarán el empleo de tecnología médica. Estos actos médicos estarán en permanente revisión y evaluación.
* En cuanto a la formación médica es preciso encarar la educación continua de actualización tecnológica como forma de contener el indebido uso de NTS. Se debe democratizar el acceso a la educación en el uso de NTS, para ello el Estado priorizará la adquisición de las mismas, y cuando esto no sea posible, condicionará su adquisición a instituciones privadas a su uso con fines docentes por parte de la Universidad.
* Los CTI de adultos, de niños y neonatales, así como los aparatos diagnósticos de alta tecnología y costo serán regulados en el futuro de acuerdo a las necesidades asistenciales del país.
* Asegurar que los sistemas de remuneración de los trabajadores de la salud no distorsionen las prioridades en atención basadas en las necesidades de la población. Evaluar el sistema de remuneraciones. Las remuneraciones deben tener un marco conceptual inmanente, relacionado con una vida decorosa y un reconocimiento a la profesión, eliminando real y conceptualmente toda idea y actitud especulativa al respecto, para lo cual la mejor salvaguarda es que el mismo sistema fije los máximos y mínimos remunerativos.
* En el sistema productor sin fines de lucro, lucrar es un atentado contra los fines del sistema y por ende una agresión al mismo.
* Crear una Junta Nacional de Tecnologías en Salud en la órbita del MSP, con representación multisectorial (MSP, MEF, Universidad, IAMC, Usuarios, etc.) que tenga injerencia en la elaboración de una política nacional y regional en la incorporación, utilización y el desarrollo de NTS.
* Dar a esta Junta la potestad de autorizar la adquisición de NTS dando preferencia para ello a las IAMC y a los Organismos Estatales, que deberán funcionar como entes testigos de la forma de utilización de las mismas.
* Exonerar de ciertos tributos a las NTS que sean de interés prioritario, favoreciendo especialmente a las que sean de producción nacional.
* Favorecer la investigación de tecnologías adecuadas a nuestro medio
* A los efectos de ajustar a la realidad los costos del sistema de salud y mantener una economía saneada se determinará el verdadero valor de la unidad asistencial, por especialidad y nivel de asistencia. Dicho valor pautará el gasto y los ingresos, por lo cual el sistema regulará su economía según la realidad de este valor el cual se lo mantendrá actualizado según las variantes del IPC.
* Todo tipo de estímulo (promociones, beca de estudios, financiación de investigación, etc.), que estén dispuestos a otorgar los laboratorios y las empresas que suministran otras tecnologías, serán destinados a las Instituciones, y en este caso al sistema, y no a personas. Serán las instituciones o el Sistema el que determinará el destino de los mismos.
* No se permitirá la propaganda directa o indirecta de NTS dirigida al público en general.
* Toda forma de propaganda para la captación de socios es un contrasentido con los propios fines del sistema, ya que la propuesta de unos significa una peor atención por parte de otros. El sistema debe asegurar un nivel decoroso y óptimo científicamente, y solo la falta de voluntad política del MSP para entre otras, el contralor de los niveles de calidad de atención, pueden provocar una situación diferenciada.
En cuanto al FNR:
* Mantener el FNR, preservando sobre todo su concepción solidaria y universal.
* Evaluar periódicamente los procedimientos que cubre el FNR para poder compararlos con otros que se realicen aquí o en el exterior. Evaluar costos y beneficios e impacto en la salud de la población.
* Reducir los nuevos ingresos de IMAES a aquellos que llenen un vacío asistencial probado, especialmente en regiones del país sin cobertura.
* Toda prestación de servicios por parte de IMAEs se verá sujeto al valor estipulado de la unidad asistencial, el cual se mantendrá actualizado según las variantes del IPC.
* La CTA Evaluará permanente de la calidad de atención de los IMAE y publicación de resultados para que la elección del médico tratante pueda realizarse sobre bases reales. Auditorías periódicas técnicas y financieras preferentemente nacionales de acuerdo a la Ley vigente.
* Aporte del Estado al FNR de acuerdo a la Ley vigente, por usuario y no por acto médico.
* Incorporar a la CHA del FNR a la representación de los usuarios elegido por mecanismos democráticos.
* Creación de nuevos IMAEs públicos que sean a la vez centros de formación técnica, entes testigos y fuente de ingresos al Estado por el cobro de los servicios.
SALUD BUCAL
* PROPUESTAS
1. La toma de decisiones considerará la opinión de todos los sectores involucrados en la problemática de la Salud. Se estimulará la participación de las Bases del Encuentro Progresista, los técnicos y los usuarios (la comunidad).
2. El horizonte de las políticas de Atención, investigación, formación de profesionales y gestión consistirá en la integración de las acciones para obtener: racionalidad, eficacia y eficiencia en el marco de relaciones éticas y humanas entre los actores.
3. Se contemplará especialmente aquellos grupos sociales que por los riesgos o patologías, situación socio-económica requieran ser priorizados en la atención.
4. Los Programas de Atención se ajustarán a la estrategia global de A.P.S. que figuran en el Documento de Atención Primaria de la Unidad Salud del FA/EP.
5. Se racionalizará el sistema vigente dotándolo de Programas ajustados a las necesidades de atención de la población.
6. Los Programas de Atención de la Salud bucal incluirán: FOMENTO, PREVENCION, CURACION Y REHABILITACION del SISTEMA ESTOMATOGNATICO (Cavidad Bucal).
7. La curación será el último recurso, siendo la Educación para la Salud y la prevención, el eje de las acciones.
8. Se programará un Primer Nivel de Aplicación Universal que incluirá: EDUCACION PARA LA SALUD BUCAL, CONTROL PERIODICO, FLUORTERAPIA, SELLANTES, ELIMINACION PRECOZ DE CRIES.
9. Se aplicarán las normas vigentes sobre atención de la Salud en Odontología.
10. Se realizarán aquellas correcciones normativas que impidan alcanzar los objetivos de reducción de las caries, paradenciopatías, maloclusiones, enfermedades infecciosas, traumáticas, tóxica y degenerativas del sistema estomatognático.
11. Se estimularán los modelos de atención cuyos objetivos, eficacia de sus resultados y eficiencia, se reflejen en el perfil epidemiológico de la Salud Bucal de la población
12. La curación será el último recurso, y cuando sea necesario se aplicarán técnicas de eficiencia probada. Estas técnicas son de conocimiento generalizado.
13. Se implementarán Programas escolares y liceales para la erradicación de las enfermedades prevalentes en estos grupos etarios, básicamente centrados en la caries, paradenciopatías y maloclusiones.
14. Se garantizará el cumplimiento de las medidas de Primer Nivel a todos los pacientes de Atención Pública y Privada.
15. Se gestionará la aplicación de medidas que conduzcan al logro de la mayor eficacia y eficiencia, así como la universalización en la atención del adulto.
16. Se realizará la Vigilancia Epidemiológica para conocer con precisión descriptiva y causal de realidad, de modo de programar racionalmente y medir el impacto de las políticas, Plan, Programas y Procedimientos acordados.
c. VIVIENDA
El presente documento sintetiza las medidas fundamentales a adoptar por el gobierno del Frente Amplio - Encuentro Progresista. Las mismas incluyen tanto disposiciones de coyuntura y urgencia, a adoptar para producir rápidamente cambios en la grave situación actual, como otras de largo plazo que apuntan a la solución de esos problemas y que deberán constituir políticas de Estado.
Para ello deberá lograrse un amplio consenso por parte de los partidos políticos y la sociedad civil, que asegure la permanencia de esas políticas en el tiempo, consenso que debe partir de la consideración de la vivienda como un derecho, por lo cual cumple una función social y no solamente como un objeto de mercado.
Esto sin desconocer que existen causas estructurales, sociales y económicas, que están en la raíz del problema de la vivienda y que habrá que atacar simultáneamente. Nos referimos, muy especialmente, a las cuestiones del empleo y el salario. Por otro lado, debe hacerse especial hincapié en la necesidad que la política de vivienda esté estrechamente coordinado con las restantes políticas en materia social, mediante un enfoque integral.
Estas políticas, además, deberán contemplar programas diferenciados para las distintas situaciones sociales, abarcando tanto a quienes tienen capacidad de pago como a quienes carecen de ella.
1. Plan de Urgencia. En tanto se elabora el Plan Quinquenal, se pondrá en marcha, para el año 2000, un Plan de Urgencia de construcción y reciclaje de 10.000 viviendas, que permita volcar urgentemente a la oferta un número importante de unidades; este Plan de Urgencia se basará fundamentalmente en la ejecución de viviendas por el Sistema Pública, a través de la coordinación Ministerio de Vivienda - Banco Hipotecario - Intendencias, en la escrituración de los préstamos pendientes a Cooperativas y Fondos Sociales y en la rápida finalización de los programas en ejecución y comprometidos a la fecha. Sin perjuicio de lo anterior, se re-estudiaran los programas contenidos en las políticas actualmente en ejecución, para resolver su continuidad más allá del Plan de Urgencia, estimulando especialmente las modalidades cooperativas y la autoconstrucción. En cuanto a las soluciones mínimas de tipo evolutivo sólo serán utilizadas en situaciones de real urgencia social (viviendas insalubres, catástrofes climáticas, accidentes, etc.), y en ese caso asegurando su efectiva evolución y que provean un mínimo inicial decoroso que contemple las necesidades elementales del núcleo familiar, así como el acompañamiento del trabajo social necesario para la organización de los destinatarios. Se procederá de igual forma para el mejoramiento de los conjuntos de NBE ya construidos. En la adjudicación de las viviendas de este Plan de Urgencia se priorizará a las familias en situación habitacional crítica, las que también serán priorizadas en la política de tierras para vivienda.
2. Plan quinquenal. Con el objetivo de atender las importantes carencias actuales, se realizará un esfuerzo sostenido en materia de construcción de viviendas y mejoramiento y mantenimiento del stock existente. Esto, por otra parte, contribuirá a la reactivación de la economía y la generación de empleo (para lo cual se priorizarán las soluciones que fomenten la ocupación de mano de obre y utilicen insumos nacionales). Para el cumplimiento del objetivo señalado se procurará llegar a niveles de inversión del orden del 5% del P.B.I., lo que implica la construcción de no menos de 20.000 viviendas por cada año. Este esfuerzo se hará en forma planificada (Plan Quinquenal de Vivienda), para evitar efectos distorsionantes en la industria de la construcción, y se sostendrá inicialmente con una fuerte participación pública, pero creándose al mismo tiempo estímulos a la inversión privada que hagan que ésta se sume al mismo. Las viviendas se construirán en zonas con servicios de aquellas localidades en las que de acuerdo a los planes estratégicos de desarrollo territorial exista o se prevea una demanda sostenida, vinculada con la existencia de actividades productivas y la generación de empleo. Se hará especial énfasis en evitar la segregación espacial y social, así como en evitar el crecimiento desmesurado de las zonas urbanas. Entre las formas de producción se dará especial énfasis al sistema cooperativo y los Fondos Sociales, que han mostrado su eficacia, tanto económica como social, así como a las modalidades del Sistema Público que han probado ser eficientes. Asimismo el Estado podrá intervenir construyendo directamente como elemento regulador y testigo, a efectos de controlar los costos y su construcción con la calidad.
La elaboración del Plan Quinquenal se hará con la participación de las organizaciones sociales, gremiales y empresariales involucradas y se cumplirá cabalmente con el destino de los recursos.
3. Innovación tecnológica. Fomento de la investigación en nuevos materiales y tecnologías (en particular mediante convenios con la Universidad y estímulo a las políticas de producción innovadoras), haciendo hincapié en su adecuación a nuestras condiciones y su sustentabilidad. El mejoramiento tecnológico apuntará no sólo a los sistemas formales de producción de vivienda, sino también a los no formales, en especial la autoconstrucción. Los costos sociales (pérdida de empleos) que pueda generar el avance tecnológico deberán ser asumidos por el Estado, para lo cual la aplicación de las nuevas tecnologías será previa y debidamente evaluada con la participación de los interesados. Se creará asimismo un organismo de contralor de la calidad de la vivienda, con la participación de los sectores involucrados, incluidos los usuarios.
4. Gravámenes. Se exonerará del I.V.A. a las viviendas de interés social por el sistema de devolución de impuestos. Se reverán las restantes cargas impositivas que pesan sobre la construcción de viviendas de interés social, eliminando todas aquellas que no beneficien directamente al trabajador.
5. Recursos. Se instituirá un impuesto a las viviendas en situación de desocupación permanente, terrenos baldíos y alquileres de fincas suntuosas, teniendo en cuenta las autonomías departamentales. Esto permitirá, sin prejuicio de los recursos previstos presupuestalmente, financiar los planes de construcción y los subsidios que sean necesarios. Asimismo se dará plena utilización a los recursos inmuebles del Estado aptos para su empleo como vivienda.
6. Prioridades. Se priorizarán en la elaboración de los programas y en la utilización de los recursos las acciones dirigidas a las familias con situaciones carenciales más graves. Asimismo se priorizarán en la planificación y en la adjudicación de las viviendas que se construyen las situaciones sociales especiales, como la de las mujeres solas jefa de hogar, tercera edad, pasivos, discapacitados y parejas jóvenes, así como inscritos en el RAVE. Las adjudicaciones se harán mediante normas claras y transparentes y se fiscalizará el uso de las viviendas para evitar distorsiones y abusos.
7. Organización institucional. En lo institucional, se fortalecerá la actuación del Ministerio de Vivienda, que actuará en forma descentralizada y en estrecha coordinación con los gobiernos departamentales, en especial en lo que refiere a las políticas de ordenamiento y desarrollo del territorio, y con el Banco Hipotecario, que volverá a su rol de banco de fomento de la vivienda social, sin perjuicio de su operativa comercial para obtener recursos.
8. Suspensión de lanzamiento. Se suspenderán por un año de los lanzamientos de las familias de bajos ingresos que habitan viviendas económicas, en tanto se obtienen resultados del Plan de Urgencia, sin perjuicio de contemplar situaciones especiales de propietarios y de compensar económicamente a los pequeños propietarios que puedan verse perjudicados por esta medida.
9. Viviendas precarias. Se implementará un programa para mejorar la calidad de vida de las familias que habitan en viviendas precarias tanto en zonas centrales como periféricas (provisión de servicios de infraestructura física y social, mejoramiento de las viviendas, etc.) y regularización física, social y jurídica de los asentamientos existentes. Estas medidas se enmarcarán dentro de políticas sociales integrales que serán conducidas por un organismo estatal con poder de definición, instrumentación y coordinación. Las situaciones futuras se contemplarán mediante la política de tierras (asentamientos regulares y planificados).
10. Viviendas para jubilados. Se constituirá una Comisión Administradora de los Fondos de Vivienda para jubilados, integrada por representantes estatales y de los interesados, a efectos de gestionar todo lo referente al uso de dichos fondos. Estas viviendas reunirán condiciones especiales que contemplen la condición sicofísica de los destinatarios.
11. Ley de Franjas. Se aprobará una "Ley de franjas" que permita proporcionar los pagos de créditos para vivienda a los ingresos e integración de los núcleos familiares, subsidiando a tales efectos las cuotas correspondientes.
12. Unidad Reajustable. Se reverá la forma de fijar el valor de la Unidad Reajustable, de manera que ella no refleje ingresos promedio sino que contemple realmente la evolución de los ingresos de los deudores y del salario real. Su determinación, asimismo, debe hacerse mediante reglas claras y conocidas por todos.
13. Reajuste del ahorro. Sin perjuicio de lo anterior, se implementarán mecanismos que estimulen el ahorro para vivienda y permitan conservar su valor al momento de construir.
14. Cartera de Tierras. Se constituirá una Cartera Nacional de Tierras para Vivienda, tal como la que ya poseen algunos municipios (especialmente Montevideo), integrando a ella los predios privados que se compren o expropien, así como los baldíos fiscales urbanizados, que podrán ser objeto de compra o permuta. Las tierras integrantes de esta Cartera servirán para la ejecución de los diferentes programas de vivienda, pudiendo otorgarse en uso o propiedad, de acuerdo a las conveniencias y necesidades de los destinatarios.
15. Préstamos para compra de tierra. Se instituirán líneas de préstamo con garantía hipotecaria para comprar tierra urbanizada para construir viviendas de interés social, como forma de facilitar el acceso a la misma.
16. Vivienda rural. Se implementarán programas de vivienda para el medio rural, que contemplen no solamente la vivienda nucleada, como actualmente, sino también la dispersa, mediante programas de asesoramiento para la autoconstrucción y créditos para adquisición de materiales, que tengan en cuenta las particularidades locales, así como la situación laboral de los destinatarios (pequeños productores, trabajadores zafrales, etc.).
17. Asesoramiento técnico y créditos para materiales. Se implementarán programas de asesoramiento técnico y créditos para adquisición de materiales para familias de modestos recursos en zonas urbanas, buscando apuntalar todos los esfuerzos - individuales y colectivos, estimulando especialmente éstos - que apunten tanto a la construcción de vivienda nueva como a la ampliación o mejoramiento de las existentes.
18. Participación municipal en el Plan Quinquenal. Se reimplantará la disposición, derogada en 1991, del Art. 121 de la Ley Nacional de Vivienda, que consagraba el derecho de los Gobiernos Departamentales a exigir que el 50% de las inversiones a realizar en su Departamento con fondos del Plan Nacional de Vivienda se aplicara a los programas promovidos por ellos, siempre que los municipios aportaran los programas respectivos, la tierra urbanizada y los proyectos correspondientes. Los Municipios deberán inscribir estos programas en el marco de los Planes de ordenamiento territorial que deberán elaborar.
19. Arrendamientos. Se modificará la ley de arrendamientos, eliminando para las viviendas de interés social la causal de desalojo por vencimiento de plazo, salvo para casos excepcionales en los que el arrendador tenga un motivo legítimo. Para las viviendas de tipo económico se sustituirá asimismo el sistema de libre contratación por el de fijaciones de precio mediante mecanismos periciales o similares cuando las partes lo requieran y ajuste de los arrendamientos de acuerdo a los aumentos salariales.
20. RAVE. Se perfeccionará el sistema del RAVE, a efectos de lograr una mayor transparencia y eficacia del mismo, introduciendo mecanismos de compensación para los pequeños propietarios.
21. Garantía de alquileres. Se instituirá un sistema de seguros de base solidaria, a efectos de facilitar la constitución de garantías para arrendar, con los debidos mecanismos para asegurar los repagos de dicho Fondo.
22. Pensiones e inquilinatos. Se dará cumplimiento efectivo a la legislación sobre arrendamientos en las pensiones e inquilinatos (a los que abarca) ejerciendo un severo control y adoptando medidas que aseguren el buen funcionamiento del sistema.
e. TRABAJO
Propuestas en lo laboral y salarial
1. Ordenar y dar coherencia a la legislación del Trabajo (en particular los tipos de contratos).
2. En materia de subempleo y precarización debe brindarse especial atención al sector donde las condiciones de menor productividad impulsan malas condiciones de trabajo. En especial el sector de la micro, pequeña y mediana empresa, merece una especial atención, no solo con el objeto de crear por allí nuevos empleos, sino especialmente para fortalecer las unidades económicas existentes y desde allí reducir el subempleo y la precariedad.
3. En este sentido no se trata de políticas aisladas (exoneraciones tributarias, crédito preferencial, asistencia técnica), no sólo en este, sino en todos los procesos productivos hacen imprescindibles políticas conjuntas de asistencia que incluyan lo fiscal, lo financiero, lo tecnológico, lo comercial.
4. En esa dirección entonces se impulsará a la vez la conformación de espacios conjuntos de acción (tipo redes) para el manejo tecnológico, la búsqueda de mercados o el apoyo financiero. Es decir se impulsarán redes de empresas, más que apoyos individuales.
5. Se impulsará de manera inmediata la obligatoriedad de las negociaciones colectivas de manera de democratizar las relaciones laborales y dotar a empresarios y trabajadores de instrumentos de concertación social para mejorar calidad y cantidad de producción y empleo.
6. La tarea central del Estado será concretar esos ámbitos de concertación, así como fijar condiciones mínimas de negociación, en particular retribuciones mínimas a ser laudadas que tendrán relación con el desarrollo productivo del país y las necesidades medias de consumo.
Los acuerdos salariales obtenidos serán homologados por el Poder Ejecutivo.
Se detendrá el deterioro permanente del salario mínimo nacional (SMN) procurando su recuperación real; con vista a la sustitución de esta variable por el salario mínimo interprofesional.
7. Ello implicará junto a las modificaciones salariales necesarias en el área pública una mejora de los ingresos y de la prestación de los servicios, que ayudará a dinamizar las empresas que operan en los mercados internos, dado el impacto de un shock de esta naturaleza. No olvidemos que Uruguay exporta el 15% de su producción y el resto se vende en el mercado interno, con lo cual su dinamización merece ser tomada en cuenta, en la medida que vaya acompañada de una mejora productiva global.
8. Un capítulo especial lo merece la atención a la propuesta de reducción de la jornada laboral, como un instrumento de utilidad para mejorar la calidad de vida y su impacto sobre la creación de empleo. Proponemos en este sentido un mecanismo tripartito que estudie las condiciones y las ramas de actividad en las que ella es viable, definiendo costos y beneficios para el conjunto de los actores sociales, aspirando a que dicha reducción de jornada se produzca manteniendo los niveles salariales.
9. En el marco de estas y otras modificaciones técnico-productivas, así como en el contexto de la negociación colectiva obligatoria, se tenderá a promover, cuando ello sea necesario, la reorganización del proceso productivo y la adaptación de las formas de organización laboral correspondiente.
10. Régimen de tercerizaciones
a. En la actividad privada, responsabilizar solidariamente a las empresas que contraten tercerizaciones, de los derechos laborales de los trabajadores pertenecientes a las empresas contratadas.
b. En la actividad pública, propender a la eliminación gradual de las tercerizaciones, absorbiendo a los trabajadores.
11. Proteger al trabajador nacional planteando nuevas bases para la integración y al ingreso de mercaderías subsidiadas del extranjero.
* Como medida de emergencia levantar la prohibición de llenar vacantes en el Estado, para los cargos considerados imprescindibles (salud, educación, etc.).
* Aprobación del proyecto de ley de trabajadores domésticos, que, habiendo contado con el apoyo de los 4 lemas representados en la Cámara de Diputados, hoy está detenido en el Senado de la República.
* Legislación especial para los trabajadores rurales que asegure salario digno. condiciones de vida, seguridad, protección contra accidentes de trabajo, afiliación al BPS.
* Fomentar la explotación de las empresas mineras (hierro, caleras, otros).
* Ante la contratación de trabajadores extranjeros, exigir de las empresas el cumplimiento de la legislación laboral vigente, especialmente la afiliación al BPS.
12. Toda madre jefa de hogar debe contar con el apoyo del Estado.
13. Normas que protejan al niño de la explotación. Contemplar su seguridad, salud y educación.
14. Ratificar la posición sustentada por la Bancada Parlamentaria del Encuentro Progresista, para derogar el Artículo 29 de la Ley de Inversiones.
15. Políticas activas de generación de empleo orientadas a poblaciones-objetivo, como por ejemplo: discapacitados físicos e intelectuales, menores de muy bajos ingresos y madres solteras.
16. Regularizar y profesionalizar el trabajo zafral en el agro.
17. Desarrollar políticas locales para el fomento del empleo.
18. Apoyo al empleo familiar en la empresa rural.
En síntesis, creemos que de arranque es posible diseñar un conjunto de medidas que operan sobre el mercado de trabajo con impactos más inmediatos (inversión pública, estímulos a la generación de puestos de trabajo), otros de mediano plazo (la capacitación profesional, las redes de micro y pequeñas empresas) y finalmente otras de mayor largo plazo, quizás sin efecto en un primer período de gobierno (reducción de la jornada, reformulación del sistema educativo, ciencia y tecnología), pero que todas ellas conforman un conjunto articulado de instrumentos para el logro del objetivo central: MAS Y MEJORES EMPLEOS.
e. SEGURIDAD SOCIAL
Propuestas para un régimen alternativo
1. Buscar acuerdos políticos sociales para consensuar una propuesta única alternativa, sobre las pautas ya elaboradas por la unidad temática sobre los conceptos generales de la Seguridad Social y sus principios rectores, tendientes al logro de la equidad social y al mejoramiento de la equidad individual, que supere la actual situación con bases de credibilidad, sin caer en los vicios del sistema anterior.
2. El nuevo sistema de seguridad social, tendrá un carácter integral y deberá estar basado en los principios de universalidad, redistribución, solidaridad intergeneracional, participación, eficiencia, protección y aportación tripartita, fortaleciendo el sistema básico y público del BPS, sustituyendo el actual régimen de AFAP sin afectar los derechos adquiridos por los ahorristas.
3. Se asegurará:
a. La previsión de regímenes especiales, como por ejemplo, jubilación parcial, por incapacidad.
b. El derecho a Seguro de Paro para trabajadores rurales, zafrales y domésticos.
c. El apoyo Ley jubilación para reconocimiento de servicios a los trabajadores de la actividad privada que fueron despedidos durante la dictadura.
d. Jubilación anticipada para trabajadores mayores de 50 años, en caso de cesantía por cierre de empresas.
e. Volver al régimen anterior a la Ley 16.173 en cuanto al sistema de prueba de servicios para algunos casos puntuales (trabajadores rurales y domésticos).
f. Permanencia de las pensiones y edad de jubilación para la mujer.
g. Estudiar la corrección del régimen de topes.
h. Incorporar los beneficios totales de la seguridad social a las empresas unipersonales.
i. Sistema integral para pasivos y activos.
4. Se bregará por la descentralización administrativa así como la instrumentación de las necesarias garantías sobre la gestión de los Directores del BPS.
f. POBREZA Y MARGINALIDAD
1. Se aprecia la necesidad de desarrollo de medidas de corto, mediano y largo plazo, con planes de emergencia y medidas de urgencia para zonas de emergencia social.
2. No hay solución real a los problemas del país, que son los del pueblo, sin atacar el fondo, que es la estrategia global llevada a la práctica por los sectores dominantes de nuestro país a través del gobierno blanqui-colorado, en dependencia y conjunción con los intereses de las transnacionales, países imperialistas y organismos multilaterales de crédito que las expresan.
3. La solución de fondo implica un proyecto de país antagónico con el actual, que apunte a un país productivo con justicia social a través de los cambios profundos de toda la estructura de la sociedad. Es complementario con lo anterior e indispensable la concreción de medidas de emergencia que desde el primer día de gobierno ataquen las inmensas necesidades acumuladas en los sectores que han sido más excluidos en los derechos humanos fundamentales a través de la indispensable participación ciudadana organizada y políticas de Estado que repartan la riqueza existente con criterio social en la medida que se va generando mayor crecimiento.
4. La plataforma electoral no puede incluir soluciones a todos ni es posible arreglar el país de inmediato, por lo tanto, es necesario establecer prioridades, partiendo de la base que las políticas sociales con no demasiados recursos y gran participación puede generar importantes resultados en plazos cortos.
5. Lo fundamental en el comienzo de la pobreza y marginalidad, es la falta de empleo. Luego se manifiesta con distinta calidad en otros ámbitos: descreimiento en soluciones colectivas, calidad de vida particularmente en niños, jóvenes y tercera edad, drogadicción, alcoholismo, prostitución infantil y el acostumbramiento y reproducción de marginalidad. Es particularmente grave para el presente pero sobre todo para el futuro el tema de los niños: en alimentación, educación, etc. Por lo tanto, es clave atacar el tema del trabajo pero como parte de un proyecto global integra, diferenciado y participativo en relación muy estrecha con lo económico, que entrelace, trabajo, educación general, derecho de los ciudadanos, salario, salud, vivienda.
6. Es indispensable tomar medidas con la marginación actual y prever otras que eviten el ingreso de otros sectores a ella.
7. Debemos seguir impulsando una cultura de la solidaridad y elevación de la dignidad de cada uruguayo a través de su participación en la búsqueda colectiva de soluciones. Es clave el papel de los organismos del FA en contribuir a organizar y orientar a los trabajadores y vecino, tomando experiencia de la organización ya creada desde la pobreza para combatirla y transformarla.
8. Proponemos aunar en cada zona un proyecto y acción a todos aquellos que trabajan en cada problemática o interés puntual o monotemático, evitando la fragmentación, el trabajo paralelo e inclusive el enfrentamiento entre distintas organizaciones.
9. Propuestas relacionadas a la creación de puestos de trabajo:
a. Estudiar la posibilidad real de reapertura de algunas industrias carradas; en la medida que sean viables o necesarias para el país. Reinserción de los trabajadores teniendo en cuenta esa realidad y los recursos que ya existen (BCU, BROU, etc.) cambiando los ejes de la distribución económica y financiera del país. Acentuar en el tema de la reeducación correcta de los trabajadores a insertarse en nuevas realidades, con un especial acento en oportunidades para los jóvenes.
b. Creación de fuentes de trabajo. Incentivar tanto las formas tradicionales como nuevas, tendientes a la creación de puestos de trabajo.
c. Aumento del seguro de paro a un año y reducción de la posibilidad de acceder a él de seis a tres meses.
d. Extender la seguridad social y asignación familiar a aquellos trabajadores que quedan desocupados y a los cabezas de familia solos.
e. Reducción de la jornada de trabajo con igual remuneración, para incentivar la creación de puestos de trabajo.
f. Medidas preferenciales a empresas que creen nuevos puestos de trabajo y garanticen estabilidad laboral.
g. Defensa de la producción nacional y reestructuración del mercado interno y medidas arancelarias con productos extranjeros producidos a bajo costo por superexplotación.
h. Llenar las vacantes en las áreas sensibles del Estado: MSP, INAME, MEC, mediante concurso y sorteo.
i. Medidas que eviten el contrabando de grandes dimensiones que en parte provoca el cierre de importantes empresas y perjudica las arcas del Estado.
j. Tierras y créditos para trabajadores y pequeños y medianos productores, potenciando el INC y su crédito, refinanciando las deudas existentes, y controlando que las sociedades anónimas innominadas no se aprovechen de estos créditos.
10. Condiciones de trabajo
a. Protección del trabajador uruguayo obligando a cumplir las leyes laborales nacionales en caso de contratación de trabajadores extranjeros.
b. Igualdad de condiciones laborales mujer hombre, igual función igual salario. Sueldo que no incluya trabajo de los hijos. Proteccion al derecho al embarazo, enfrentándolo como causa de despido o no contratación.
c. Trabajador rural: jornada de 8 horas , remuneración acorde a la función. Seguro de paro
d. Enfrentar la tercerización, hacer cumplir rigurosamente las leyes laborales e Proceso para igualar los salarios de los trabajadores municipales y estatales en todo el país.
f. Enfrentar cualquier discriminación laboral, particularmente la basada en temas raciales.
g. Tomar medidas urgentes con dos sectores con enormes dificultades para acceder al trabajo: los jóvenes y los mayores de 40 años.
h. Estudiar el tema de vendedores ambulantes e informalidad ante la paulatina pérdida del ámbito gremial y la solidaridad, más agravado en los jóvenes.
i. Asegurar que el MTSS cumpla un papel radicalmente diferente al actual, haciendo cumplir a rajatabla las leyes vigentes y protegiendo la sindicalización.
11. Discriminación: el Gobierno del Encuentro Progresista debe asumir la lucha contra todo intento de discriminación:
a. Racial: en lo laboral, de habitación y ubicación geográfica, destacar el posible papel del MEC a futuro.
b. Discapacitados y familia: hacer cumplir las leyes vigentes.
c. Dar solución digna a las casas de la tercera edad.
12. Propuestas para una Plataforma de Emergencia
a. Almacenes con artículos esenciales de la Canasta rebajados, en zonas carenciadas. Garantizar que aquellos artículos como el pan tarifado, se vendan en cantidad y calidad necesarias. Rebaja del IVA para 10 artículos de la Canasta.
b. Comedores municipales infantiles en todo el país.
c. Posiblidad de acceso a servicio municipal fúnebre digno. Atención sicológica y seguimiento social adultos en zonas carenciadas
d. Racionalizar los recursos existentes, para extraer de ellos el máximo rendimiento, evitando el desperdicio y la dilapidación.
e. Asentamientos: son producto del régimen imperante y útiles al sistema. Hoy tienen una composición social esencialmente de trabajadores. Estudiar una política general, que incluya su regularización, su ubicación y en algunos casos su renunciación en zonas con servicios, atendiendo a cuotas accesibles para que no sean soluciones de corto plazo.
f. Proponemos un estudio del país, donde cada Deptal., identifique aquellas zonas de concentración de pobreza y marginalidad, priorice las más importantes y que se las declare ZONAS DE EMERGENCIA SOCIAL, donde en el marco de un plan general se haga converger todos los medios posibles para generar un vuelco global, sustantivo y permanente de las condiciones de vida de estas zonas. Proponemos formar equipos multidisciplinarios en cada una donde converjan: Ministerios, Universidad, ONG, Iglesias, Sindicatos, OOSS y vecinos organizados, industriales, comerciantes y productores, Intendencias, Juntas Departamentales y Locales, Consejos Vecinales; en el marco del Proyecto de Descentralización Nacional. Estos equipos elaborarán su propuesta y Plan de Emergencia y estarán atados a un Ministerio o al Comité de Emergencia Nacional. Se destinará un porcentaje fijo del presupuesto dedicado a este fin, y se tomarán medidas que generen puestos de trabajo zonal (por ej. Cooperativas de Bloques), en el marco de una asistencia social permanente.
g. Destacamos la necesidad que las Intendencias cumplan un doble papel: 1) generar alternativas de trabajo que creen condiciones reales para cambios sociales; 2) incentivar la participación del pueblo en la solución de sus problemas, alejándonos de todo aspecto de beneficencia, asistencialismo o limosna.
h. Planteamos que luego de resueltos todos los temas del Congreso apuntemos a un contacto directo con nuestro pueblo con un lenguaje sencillo, claro y entendible por todos.
g. NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.
El proyecto de país alternativo de la izquierda uruguaya debe tener políticas de inclusión de los adolescentes y jóvenes en la transformación del país, deben ser tomados como el motor de los cambios y por ello deben ocupar lugares destacados en el entramado social. Estos lugares deben permitir el fomento de la creatividad, la participación y la autogestión de proyectos de vida realizables a corto, mediano y largo plazo. Proyectos éstos que tendrán lo laboral y lo educativo como ejes principales de las políticas sociales. Es preciso recuperar la importancia de la educación a través del desarrollo de la educación social, como complemento de la educación formal, ampliando las organizaciones de base que trabajan con niños y adolescentes, y las que dan apoyo a los sistemas familiares, en especial a las mujeres a cargo de hogares.
Es históricamente imprescindible rescatar la tradición de cultura familiar ampliada, barrial, departamental, de participación. Es deber de un gobierno progresista dar apoyo a todas las experiencias asociativas populares en la cultura, el deporte, en lo recreativo y social. Definiremos para la aplicación concreta el lugar social del niño, el adolescente, del joven, de la mujer, del hombre, de los abuelos y del sistema familiar en general; para contrarrestar los efectos del miedo, del aislamiento, del individualismo, que ha instalado en nuestros países este modelo.
Las políticas sociales deben tener como destinatario al sistema familiar (en una concepción progresista) y de allí elaborar políticas específicas atendiendo a problemáticas de género, poniendo especial énfasis en la infancia y adolescencia. Creando espacios de interacción y participación popular para la propia definición de políticas regionales, estaremos propiciando el ejercicio de la creatividad, base fundamental para una verdadera organización popular que acompase y consolide los cambios.
En nuestro modelo de aplicación de políticas municipales podemos encontrar el camino para que las familias, los adolescentes y los jóvenes se pueda desarrollar a nivel nacional, fomentando una mentalidad crítica libre y responsablemente comprometida con los acontecimientos históricos que debemos construir entre todos.
Propuestas para la inclusión de jóvenes y adolescentes en el proceso de transformación del Uruguay.
1. Formación de espacios adolescentes-jóvenes en ámbitos territoriales, generados en cogestión administrativa y programática con los propios usuarios. Programar el traspaso de la gestión en un lapso no menor a tres años de forma de no generar conductas paternalistas por parte de los que estén a cargo de esos espacios.
2. Participación de adolescentes y jóvenes en programas de extensión educativa de los liceos, que tengan como áreas de trabajo aspectos relacionados con la cultura y el fomento de la creatividad por medio de las artes (teatro, plástica, deporte, recreación, etc.).
3. Ganar la calle como espacio de continentación de adolescentes y jóvenes en actividades todo el año en espacios públicos como: plazas, actividades creativas, ludotecas, teatro callejero, etc. Todo esto con el apoyo y auspicio del Estado.
4. Ser receptivos desde el INJU u otro organismo competente de proyectos de bajo costo para desarrollar actividades que tengan a jóvenes y adolescentes y que éstos participen en la planificación y puesta en práctica de esos programas de actividades.
5. Continuar y profundizar la línea de convenios laboral-educativos que lleva adelante la Intendencia Municipal de Montevideo, repensarlos en escala nacional y velar para que no se desvirtúen los fines para los que sean creados.
Crear estrategias de pasantías para estudiantes en organismos que tengan que ver con lo que están cursando, de esta forma recuperaremos el espíritu y la alegría propia de los jóvenes y adolescentes en la función pública.
6. Controlar permanentemente los programas a desarrollar para que no se desvirtúen los objetivos perseguidos con el programa de gobierno, dando cuentas de logros y fracasos explicitando las razones de los mismos.
Con el fomento de una cultura juvenil y adolescente podremos elevar la autoestima de los mismos y facilitar su inclusión en políticas de Estado con un carácter permanente.
7. a) Impulsar por medio del Instituto Nacional de Colonización una política de adjudicación de tierras a jóvenes pequeños y medianos productores y asalariados rurales.
b) El Banco República realizará un estudio de las tierras fiscales y prendadas para ser reubicadas hacia la producción dándoles prioridad al Instituto Nacional de Colonización.
8. Que el Estado asesore proyectos cooperativos empresariales formados por jóvenes mediante la forma de cogestión por un tiempo determinado, fomentando a mediano plazo la autogestión de los mismos, poniendo énfasis en lo productivo.
9. Hoy los jóvenes constituyen el 53% de los desocupados y subocupados de un 23% del total. De ese 53% el 60% son mujeres entre 14 y 29 años. La Subcomisión propone poner en práctica una legislación específica que contemple al asalariado joven, así como introducir modificaciones que permitan por ejemplo, la continuación de estudios mediante el goce de licencia por exámenes.
10. Garantizar que hasta los 29 años se tenga acceso al sistema o sistemas nacionales de salud propuestos por el FA.
11. Fomentar la participación de los jóvenes en el sistema cooperativo por ayuda mutua para el acceso a la vivienda.
12. Profundizar y mejorar el sistema de hogares estudiantiles a nivel estatal.
13. Instrumentar un marco legal que habilite el funcionamiento de las radios comunitarias como forma alternativa de comunicación social.
14. Proponer la creación de una División de Juventud en las 19 intendencias del país con políticas de descentralización que apuesten a la cogestión y autogestión de actividades juveniles enmarcado en un plan nacional de participación juvenil. Asimismo, entendemos que la IMM debe gestar las condiciones para el surgimiento de casas de la juventud en los 18 centros comunales zonales.
15. Proponer que las políticas represivas llevadas a cabo por el Estado, como por ejemplo en el Plan Asfalto, Ley de Seguridad Ciudadana y el Proyecto del Código de Niñez y Adolescencia, sean cambiadas por una ley de educación y prevención del delito. Además plantear el rechazo a la baja de la imputabilidad.
16. Instrumentar la realización de un plan nacional de deporte y recreación pudiéndose llevar a cabo por medio de un ministerio específico.
17. Consideramos urgente la creación de una alternativa a esta reforma educativa autoritaria e inconsulta y el rechazo al Acta 14 por represiva.
Aumentar el presupuesto para la educación llevándola al 4,5% del PBI y garantizar el acceso igualitario a la educación terciaria y secundaria.