La Vertiente Artiguista declara:

La igualdad ante la justicia es garantía básica en un Estado democrático, así como el cumplimiento de las penas previamente establecidas constituye una práctica esencial de convivencia y aprendizaje social.

En la dictadura -y aún antes de ella- se cometieron delitos que aún resulta difícil catalogar con términos justos y claros, en la medida que hieren toda sensibilidad humana: secuestros, desapariciones forzadas, asesinatos y ejecuciones extra judiciales, torturas inimaginables, violaciones, apropiación de bebés y cambios en su identidad, crímenes de lesa humanidad planificados y realizados por nuestras Fuerzas Armadas en nuestro país y en los países vecinos, en el marco del llamado Plan Cóndor, así como también cuantiosos robos y extorsiones.

Luego de un largo período de negación e impunidad, la justicia independiente, junto con el reclamo e impulso de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, CRYSOL y la movilización de todo el espectro social organizado, investigando archivos del Estado, junto a la recolección de centenares de testimonios de víctimas y familiares comenzó a desentrañar el silencio y ejercer el derecho humano a la justicia.

Por esa razón resulta incomprensible la iniciativa de establecer la prisión domiciliaria preceptivamente a personas mayores de 65 años, a medida, con nombres y apellidos, que beneficiaría directamente a una veintena de criminales de Lesa Humanidad y dejaría como mensaje a la ciudadanía, y en particular a la nueva oficialidad, que desde el Estado es posible cometer cualquier atrocidad y que los delitos no serán castigados con la severidad que la magnitud de los mismos amerita.

Si esta iniciativa prospera, el “Nunca Más”, tantas veces sostenido será cuestión de negación y olvido.

 Ante ello, la Vertiente Artiguista expresa:

1) Su más firme rechazo al ante proyecto de Ley de prisión domiciliaria para mayores de 65 años presentado por el Senador Gral. (R) Guido Manini Ríos en nombre de su partido Cabildo Abierto.

2) Que es necesario mantenerse en estado de alerta ciudadana ante la gravedad de las consecuencias de la eventual aprobación, que implicaría un regreso a un estado de impunidad de criminales de Lesa Humanidad.

3) Su denuncia de la maniobra anti democrática de quienes escudándose en el sistema democrático intentan negar la gravedad y magnitud de lo acontecido otorgando beneficios especiales a los criminales.

4) Que exige la apertura, así como la indexación de toda documentación generada por el Estado en el período comprendido entre los años 1968 a 1985 que contemple directa o indirectamente situaciones de violación a los Derechos Humanos y que ésta sea de dominio público.

5) Que es un reclamo de toda la sociedad profundizar las investigaciones para conocer la verdad sobre estos hechos y en particular para dar respuesta a los requerimientos históricos de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, y lograr la aparición de los restos de sus familiares detenidos desaparecidos.

6) Que se debe defender en todo momento el accionar de la Justicia de nuestro país, no admitendo ningún tipo de freno o presión externa que tenga como objetivo limitar los fallos a los que ésta pueda arribar.

5 de noviembre de 2021